Tres escenarios y un destino... las elecciones

Este artículo tiene fecha y hora de caducidad. Esta es una de las máximas de los informes de inteligencia. Uno de los aspectos fundamentales del ciclo de inteligencia es precisamente la difusión. En esta etapa, tan importante es el destinatario como el momento en el que se remite la información.

La inteligencia comparte con el periodismo este elemento. En función del momento de lectura la información puede ser útil o, por el contrario, quedar en el olvido por su obsolescencia. Tiene que ser puesta a disposición del lector en el momento justo, por lo que si usted lee este artículo pasadas las 10:00 horas probablemente ya tenga la respuesta a los diferentes escenarios que presenta el texto. Como se podrá imaginar, su objetivo no es otro que saber qué puede ocurrir y cuales serían las potenciales repercusiones sociales y económicas en función de la decisión que tome el presidente del Gobierno hoy.

Existen tres escenarios políticos básicos tras el rechazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno socialista. Ya se pueden imaginar que ninguno de ellos es bueno para nuestra perjudicada salud política, pero al menos todos pondrían fin, de momento, a una inestabilidad que se extiende ya por años en España. Que nos desplacemos del surrealismo al abismo es una cuestión de suerte.

En primer lugar, escenario favorito para gran parte de los analistas y creadores de opinión, la convocatoria de elecciones y, por lo tanto, el fin de la XII legislatura de la democracia. Las premisas basadas en la lógica política parecen claras. Un Gobierno que no es capaz de obtener el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante sus presupuestos debe reaccionar.

Si además viene de una moción de censura, debe pensárselo dos veces antes de continuar y si, por último, su continuidad se supedita a seguir gobernando con un presupuesto prorrogado de un gobierno de color diferente al que “expulsó” del poder, sólo puede convocar elecciones. En el fondo, el adelanto electoral no es más que una dimisión presidencial. Es el reconocimiento racional de la imposibilidad de gobernar, de aquello por lo que pagamos al gobierno.

Aunque formalmente le corresponde al Rey la disolución del Parlamento, es al presidente del Gobierno al que le compete poner fecha a la misma.

Según recoge el artículo 2.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, esta potestad se le atribuye en exclusiva para proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.

Es decir, tras la reunión del Consejo de Ministros de hoy, el presidente podría elevar al Jefe del Estado la disolución de las Cortes Generales y, por lo tanto, todos los proyectos de ley actualmente en tramitación quedarían en el olvido, en la nada más inane.

Entre otros quedarían pendientes el de la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, el Proyecto de Ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, la tasa Tobin, la tasa Google, medidas para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio, el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, transposiciones de directivas comunitarias varias en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje, mercado de valores… Esto es, el trabajo de toda una legislatura, pero no sólo del gobierno, también de los grupos parlamentarios que constatarían que en este país no se legisla en serio desde hace años.

La disolución de las Cortes no es sólo una derrota para el Gobierno. Lo es también para el poder legislativo que no acaba de hacer su trabajo y lo es también para todos los ciudadanos. Somos lo que votamos.

Son proyectos de ley que juntos suman varios miles de millones de euros en forma de regulación, de ingresos para el Estado y de sanciones que pudieran dirigirse contra España en forma de procedimientos por infracción del Derecho Comunitario.

Pero el hecho de que una ley no sea nata no implica que su tramitación o mero anuncio no tenga consecuencias.

En el campo energético, el Gobierno se vería obligado a no poder plantear la tan ansiada, prometida y anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Entre las disposiciones anunciadas, amén del impuestazo al diésel - ese por desgracia ya nos lo comemos – se imponía una prohibición de matriculación al vehículo de combustión allá por 2040. Tal medida afectaría no solo a los vehículos de gasolina o diésel, también incluiría a los híbridos y a los de gas, precisamente a aquellos que más esfuerzo han puesto en la lucha inteligente contra la contaminación y calidad del aire. Basta mirar los efectos que está teniendo el anuncio sobre la venta de coches en España en los últimos meses para darnos una idea del efecto económico de un simple anuncio.

Mención aparte requiere el calendario de cierre nuclear, un aspecto sobre el que se ha dado un gran paso adelante al incorporar a las empresas en la negociación. La viabilidad de una decisión tan importante para un país depende del diálogo y del acuerdo, pero también del desarrollo normativo. De no remediarlo, se volverá a abrir un periodo de inseguridad que afectará, ni más ni menos, al 20% de la energía eléctrica generada en España.

El energético es sólo un sector. Extiéndalo al resto que lleva años sin ser regulado, ni siquiera actualizado a los requisitos, cada vez más exigentes, de una economía mundial que no da espacio para la inacción.

El segundo escenario, prácticamente descartable al hilo de las declaraciones y silencios de las últimas horas, es el de la prolongación de la legislatura que, de suceder, tendría más un carácter de agonía que de valentía política. Esta decisión también desencadenaría un efecto automático sobre nuestra economía. En esta ocasión, se centraría en la cotización bursátil de las empresas más poderosas del país – curiosamente todas reguladas – y probablemente su extensión al conjunto del ya empobrecido sentimiento económico del país. 

Una situación así, lejos de acabar con la incertidumbre, solo trasladaría al Parlamento la responsabilidad para aprobar las leyes pendientes de tramitación, aspecto que solo puede ponerse en entredicho debido, tanto a la arquitectura parlamentaria existente, como a la mayor o menor inestabilidad política interna de los partidos con representación parlamentaria. Volveríamos a la cancerígena presencia del Decreto Ley para tratar de remediar, vía parches, una situación insostenible.

El tercer escenario es de lejos el más interesante y el que produciría un seísmo en la profunda exégesis política a la que nos estamos acostumbrando últimamente. El presidente del Gobierno cumple su promesa y comparece tras la reunión del Consejo de Ministros. Ante todas las cámaras anuncia su firme determinación de someterse a una… moción de confianza de la que se derivaría una ulterior convocatoria electoral.

Los trámites jurídicos se cumplirían, puesto que es preceptiva la deliberación previa del Consejo de Ministros. Su presentación se encajaría dentro de los supuestos establecidos de cuestionamiento y rechazo a sus PGE.

El anuncio cumpliría la necesaria liturgia. Tras su comparecencia, se presentaría un escrito motivado ante la Mesa del Congreso, dando la presidencia cuenta a la Junta de Portavoces que convocarían el Pleno del Congreso que, tras veinticuatro horas, determinaría si el presidente del Gobierno cuenta o no con la confianza, por mayoría simple, de los diputados.

Atractivo escenario puesto que, independientemente de los nocivos efectos económicos - estos están ya asegurados pase lo que pase –, permitiría a Pedro Sánchez elegir el momento exacto en el que convocar elecciones.

El efecto secundario, más político que económico, sería ganar un tiempo precioso si su intención fuera, por ejemplo, y permítanme la maldad, hacer coincidir en el tiempo las elecciones municipales y autonómicas de mayo con las generales. Todo un aldabonazo que quizás serviría como elemento catalizador de la inestabilidad política del país. Nos lo jugaríamos todo a una fecha. Todo o nada.

En ese ínterin, el Ejecutivo tendría tiempo para aprobar de urgencia aquellas medidas más políticas y necesarias para plantear ante la sociedad la realidad que escondían los presupuestos más sociales y a la par irreales de la historia económica de nuestro país.

Sea cual sea la elección del presidente, el panorama es desolador. La elección de los tiempos es una de las cosas más importantes en la estrategia política. Dominarlos, gestionarlos y sobre todo acertar, convierte la política en un arte. Quizá ahora no sea el momento de acordarse, pero qué fácil sería todo si la estrategia prevaleciera sobre la táctica.