Pedro Sánchez y el PSOE han consumado una auténtica aberración política firmando un documento en el que se justifica la intentona separatista de 2017, y en el que no solo se acepta la amnistía, sino que los socialistas ceden a las principales pretensiones de un prófugo de la Justicia, y sin ninguna contrapartida que asegure siquiera mínimamente el acatamiento de Junts, o de ERC, a la Constitución.
El pacto suscrito por los socialistas tendrá –si se llevan a cabo sus previsiones, aunque sea parcialmente– consecuencias políticas, jurídicas y económicas muy dañinas para España; también para Cataluña. Pero quizá lo peor, y lo más inmediato, sean los efectos morales. La democracia española ha vivido momentos complicados; entre los más duros, el golpe contra la Constitución que protagonizó Puigdemont. Pero nunca había registrado una indignidad como la que supone que un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de uno de los principales partidos negociase con un delincuente huido de la Justicia –que representa al quinto partido de Cataluña, con menos de 400.000 votos el 23 de julio–, y que cediese a sus pretensiones, aceptando la humillación, con el único fin de seguir en el poder.
La amnistía, que se deduce de lo acordado que será muy amplia, es de por sí un despropósito que no cabe en la Constitución Española. Pero el pacto va mucho más allá. Supone la revisión de decisiones judiciales que desagradan a los separatistas, profundizando así en el ataque al poder judicial y a su independencia. Pone sobre la mesa el referéndum de autodeterminación, que se discutirá en una negociación que contará, algo bochornoso para España, con un mediador internacional. Apunta a una cesión de impuestos a Cataluña que equivaldría a un sistema de cupo, con grave riesgo para la financiación autonómica general. Pero sobre todo, supone que los socialistas dan por buena la justificación que del ‘procés’ hacen los independentistas, considerándose libres de delito. Sánchez cede en todo, el PSOE asume el oprobio, pero Puigdemont y los suyos no expresan ni el mínimo grado de arrepentimiento ni de compromiso con el marco constitucional. Al contrario, consideran el acuerdo como un mero punto de partida.
Sánchez claudica, deteriora la imagen de España en plena presidencia europea y se sitúa al límite de un desbordamiento de la Constitución –si es que no ha cruzado la línea– a cambio únicamente de los siete votos que necesita para una investidura que tendrá sabor amargo para millones de españoles. Ni siquiera la estabilidad de la legislatura está garantizada.
Lo firmado es un pacto entre dos partidos, su desarrollo se encontrará con dificultades políticas y jurídicas, pues hay instrumentos democráticos para oponerse al mismo. Pero el paso dado por los socialistas es de una extrema gravedad.
