El nacionalismo es una isla (a veces nada metafórica)

Los nacionalistas huérfanos de un Estado propio siempre están en misa y repicando. De rodillas ante el altar mayor y, al mismo tiempo, en la torre del campanario viendo cómo se acerca el enemigo (por supuesto, un fantasma de su imaginación). Su orfandad no es sinónimo de esquizofrenia. Sí lo es de pragmatismo y de oportunismo político. En España hay nacionalismos autonómicos –ustedes me perdonarán la “contradictio in terminis”– que nos chulean a los demás con su manoseo lúbrico al sistema de financiación (naturalmente “autonómico”).

Conceptualmente, los nacionalismos sin Estado son islas dentro de una comunidad a la que desprecian. Subvierten el sistema común poniendo en solfa sus reglas de funcionamiento. Carecen de lealtad constitucional porque no ven nada de lo que rodea a su ombligo. España no es un Estado. España es un archipiélago de islas que no cooperan entre sí, dirigidas por unos jefes tribales que huyen de las economías de escala porque sus intereses de corto alcance solo pueden satisfacerse dentro de los términos de su parroquia. Predican la bondad de la autarquía mientras roban –o al menos lo intentan- los recursos comunales. España es una unidad de destino en lo particular.

A veces, en función del tiempo político, las islas pierden su categoría metafórica y agreden como islotes carnívoros –de carne y hueso- a las islas virtuales. Son agresiones ridículas y repetidas. Lo peor de este nacionalismo ramplón es su contumacia, infantil y cansina. Debería pagar el óbolo de la estupidez por volver una y otra vez a la carga con un final previsible. Nadie es titular de un supuesto derecho fundamental a marear la perdiz y hacer perder el tiempo –que siempre supone un gasto de esfuerzo y dinero- a las instituciones del Estado.

El Estatuto catalán de 2006, en una de sus disposiciones adicionales, “obligaba” [sic] al legislador presupuestario a invertir en Cataluña una cantidad anual equivalente a la participación de la autonomía en el PIB del Estado. Años después, el Tribunal Constitucional (TC) descafeinó el supuesto compromiso estatal devaluándolo al nivel inferior de la retórica jurídica. El legislador presupuestario, según las circunstancias variables del ejercicio, tiene el deber de distribuir los recursos financieros del Estado –siempre limitados- según las necesidades –igualmente variables- de todos y cada uno de los territorios de España, esa nación que debe su nombre, según los elementos más conspicuos de la estupidez humana, a don Francisco Franco Bahamonde. Siempre presente para los imbéciles.

Ningún jefe tribal, ni el andaluz o el valenciano –¿recuerdan la famosa “cláusula Camps”?-, por ejemplo, se han dado por aludidos. El 30 de marzo de 2021, el Parlamento de las Illes Balears interpuso ante el TC recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021. El recurrente achacó al legislador presupuestario la producción, por omisión, de un desequilibrio económico perjudicial para las Baleares, comparado con el resto del territorio nacional, al no tener en cuenta los PGE de 2021 la circunstancia del hecho insular. Según el poder legislativo balear, el legislador parlamentario habría ignorado la disposición adicional sexta del Estatuto autonómico (“Una ley de Cortes Generales regulará el régimen especial balear que reconocerá el hecho específico y diferencial de su insularidad”).

Pero el legislador balear yerra y utilizo este verbo piadoso para no decir que ese legislador miente a sabiendas de su mentira. El Real Decreto-ley 4/2019 (que no forma parte del bloque de constitucionalidad) aprueba el régimen especial de Baleares, pero dentro de un marco imperativo que establece dos límites infranqueables para el reconocimiento del hecho insular:

1.- La traducción fiscal del hecho insular es competencia exclusiva del Estado, con el matiz que luego subrayaré.

2.- La traducción fiscal del hecho insular por el Estado es una situación abierta que debe ser cerrada por la soberanía nacional y popular mediante políticas concretas condicionadas por las circunstancias inherentes a cada una de las partes restantes del territorio español. España se estructura en muchos subsistemas territoriales que no pueden invocar a su favor los intereses de su ombligo particular.

Además, el recurrente omite de forma maliciosa que la concreción anual del hecho insular no tiene naturaleza unilateral sino que obligatoriamente debe pasar el filtro de la comisión mixta formada por la Administración General del Estado y el gobierno autonómico, de cuyo seno saldrá necesariamente el acuerdo financiero que corresponda a cada ejercicio. Esa comisión mixta la impone precisamente el artículo 18 del citado Real Decreto-ley 4/2019. La comisión debe usar una metodología de cálculo consensuada para determinar la compensación a Baleares por su circunstancia insular. La batallita infantil contra el legislador presupuestario demuestra inequívocamente que la tacha de deslealtad y falta de cooperación debe ser imputada a su cámara legislativa de Baleares.

Es una monada muy cuca esta combinación erótica. Me levanto e impugno los Presupuestos del Estado. Hago perder el tiempo al TC porque me gusta incordiar y me mola que los demás pongan el foco de luz en mí. Me canso de estar tumbado. Me levanto, me despojo de mi toga catilinaria, luego me pongo mi uniforme diplomático y acudo con la cara lavada y amistosa a la sesión de la comisión mixta convocada para el 23 de septiembre de 2021. Me siento a la mesa. Acepto la transferencia presupuestaria a mi favor por importe de 182.770.000 euros que me ofrece el Estado. Cojo el dinerito y corro para repartir la suma entre mis amigos. Pero mantengo la querella interpuesta contra los PGE de 2021. ¿Por qué? Porque me gusta jugar a la piratería (perdón, a la lotería más primitiva). 

Pasa el tiempo. Sale la sentencia del TC (BOE del 12 de junio de 2023). Su fundamento cuarto dice: “El equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español exige una contemplación no solo de las Illes Balears, sino del resto de España”. El TC subraya la validez de un principio que algunos ocultan constantemente en un rincón: la libertad presupuestaria de las Cortes Generales.

Ceno. Me voy a la cama. He logrado mi objetivo gracias a una amenaza judicial. Me ha salido gratis total. Voy a dormir de un tirón. Hasta mañana. Mañana, más. Naturalmente.