El 27 de octubre, Red Eléctrica de España (REE), compañía con control público y de propiedad privada (en un 80%), que desempeña la labor, con acierto, de Operador del Sistema Eléctrico y que es propietaria, en monopolio, de la red de transporte, presentó los resultados de los nueve primeros meses de 2021. También ayer, 27 de octubre, el precio del mercado mayorista alcanzó un valor de 263 €/MWh entre las 19:00 y las 20:00 horas. Ayer, además, el BOE publicó el último Real Decreto ley aprobado por el Gobierno con medidas para intentar que el coste de la electricidad no sea la losa que está suponiendo para el consumidor doméstico, incluyendo un incremento de las ayudas a los más vulnerables y para el mantenimiento de la actividad económica.
Los resultados publicados por REE de los primeros nueve meses del año arrojan unos ingresos de 1.465,6 M€, de los que un 82% corresponde a la actividad eléctrica en España. El Ebitda o margen bruto de explotación ha alcanzado los 1.158 M€ y supone un 79% de los ingresos, el beneficio antes de impuestos ha ascendido a 713,3 M€. Es decir, nada más y nada menos que el 49% de los ingresos, con una mejora del 6,4% con respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Estas magnitudes son un fiel reflejo de lo que viene sucediendo en años anteriores al mantener la tendencia de sus magnitudes económicas que han convertido a REE en un valor refugio en bolsa y muy atractivo para inversores institucionales, al calor del dividendo asegurado a través el BOE.
Analizando estas cifras, lo primero que deberíamos hacer es felicitar a los gestores porque no creo que en España haya ninguna compañía que con este nivel de ingresos pueda soñar con alcanzar unos porcentajes de Ebitda de casi el 80% y de beneficios antes de impuestos, en el entorno del 50%, como los que ha logrado REE. Lo segundo que deberíamos constatar es que la actividad de REE está regulada por el Gobierno, reconociéndole una rentabilidad fija, en torno al 5,58%, por las inversiones realizadas, independientemente de la electricidad que transporte.
Pero las magnitudes presentadas empiezan a ser difícilmente comprensibles cuando diferentes miembros del Gobierno han manifestado, con asiduidad, la poca empatía del sector eléctrico en manos del sector privado por tener beneficios abultados en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, olvidándose de que REE, empresa con control público, presenta, sin ningún tipo de rubor, unos valores como los anteriormente mencionados. En esta línea, mucho se ha hablado de las puertas giratorias del sector eléctrico cuando el Consejo de Administración de REE es y ha sido siempre el lugar de retiro de muchos políticos españoles.
Que, a pesar de las diferentes normas aprobadas con trámite de urgencia por el Gobierno para paliar la situación, pidiendo esfuerzos y buen comportamiento ético a todo el mundo, no hayan recabado en ajustar o pedir el mismo esfuerzo a la compañía que está en su ámbito de control es, cuanto menos, difícilmente entendible.
En una situación como la que nos encontramos este tipo de comportamientos deben hacernos reflexionar, sobre cuál es el papel de una compañía en la relación entre su cometido de servicio público esencial y la política de retribución fijada por decisión política y que intrínsicamente encierra una garantía de rentabilidad
La tarifa eléctrica tiene unos costes regulados que no obedecen al pago por el consumo de electricidad que tenemos, sino al reconocimiento de rentabilidades por inversiones hechas o a la puesta en marcha de políticas ajenas al suministro eléctrico, que deberían someterse a una profunda revisión para que la electricidad vuelva a ser un bien de primera necesidad y no solo un negocio.
