A falta de políticos de carrera buenas son las decisiones de los jueces

Con la renovación de su órgano de Gobierno más lejos que nunca, llevamos tres años en los que las decisiones de los jueces marcan el paso en los momentos más importantes para el avance del país, ante una clase política ensimismada en su propia simpleza, dependiente de los gurús de cabecera y con una reputación bajo mínimos. Empezamos con la sentencia del caso Gürtel, que sacó a Rajoy y al PP del Gobierno de la noche a la mañana en junio de 2018; seguimos con el 1-O y el juicio al ‘proces’ de Manuel Marchena; y vamos a terminar, apenas tres años después -pandemia mediante- con unas elecciones en Madrid también decididas por los jueces ante el caos político y la guerra de intereses partidistas de todo tipo de ideologías, cuando menos falta hacía que ocurriera algo así.

El problema de los tres ‘tránsfugas’ de Murcia no es la mayor o menor habilidad del PP para que se “vendieran por un plato de lentejas”, como dice la oposición socialista en aquella región, es que la opinión pública española y la mayoría de los ciudadanos están seguros de que Ciudadanos, socialistas, ‘podemitas’ o extrema derecha, todos habrían hecho lo mismo que el PP si se hubieran visto en un escenario similar. Una percepción social en la calle que se va a ver reforzada hasta extremos insospechados cuando asistamos, desde ya, a una campaña electoral en Madrid sucia, llena de insultos y exabruptos desde todas las partes, donde estallarán las costuras de unos y otros en un combate a muerte de todos contra Ayuso. Ábalos, el verdadero ‘derrotado’ en Murcia, y García Egea, ‘el victorioso’, ya han empezado a dar señales del camino de fango que se va a recorrer hasta el 4 de mayo.

Mientras todo eso ocurre, los jueces mantienen el pulso y promueven sus propios nombramientos (hasta que el Congreso les ha dejado), sacan a Villarejo de la cárcel, frenan las resoluciones sobre el IRPH en las hipotecas, se preparan para un tsunami de demandas contra la gestión de la pandemia por la gestión de la crisis sanitaria en las residencias, intentan frenar la ‘okupación’ y hasta prohíben las manifestaciones del 8-M para que no se repita el mismo error histórico de hace un año, ante la incapacidad política de ponerse de acuerdo ante algo tan evidente.

Incluso en el ámbito económico, son los jueces los que están tomando la iniciativa para paliar la avalancha de empresas en concurso y quiebra que se avecina, a pesar de la prórroga de la moratoria concursal, con modelos que aceleran los acuerdos previos de los acreedores y técnicas anglosajonas, como el ‘pre-pack’, para vender como unidades productivas las partes que aún se puedan salvar de las empresas en grave crisis de solvencia. Todo ello a la espera de que los ministerios de Economía y, sobre todo, el de Justicia, se pongan de una vez manos a la obra para solventar los problemas reales de las personas y las empresas y adapten la Ley Concursal actual a la directiva europea que agiliza su aplicación.

La pregunta es obvia: ¿Dónde están y qué hacen los políticos? Y la respuesta también: haciendo lo que más les gusta, buscar problemas donde antes nunca los había habido, aunque para resolverlos haya que llegar a los jueces. La mayor preocupación de la clase política en estos momentos debería ser la gestión de la pandemia y la articulación de canales ágiles para que los fondos de la UE lleguen a las empresas y se puedan convertir en actividad y oportunidades para todos los españoles azotados por la crisis económica. Pero hasta en eso van a tener tantos problemas para ponerse de acuerdo que tendrán que acudir a los jueces para solventar PERTEs sin motivación o mal justificados , e incluso situaciones que vulneren la libre competencia, en las que tendrá que entrar sí o sí hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Pendientes de reubicar a los funcionarios que se deben ocupar de toda la gestión de los fondos ahora en marzo, Calviño ha soltado los 7.000 millones de ayudas directas que pedía Podemos a regañadientes, porque sabe que va a ser muy difícil defender en Bruselas un gasto récord de 200.000 millones de euros, superior incluso al de la gran crisis financiera, junto con las reformas comprometidas en pensiones y en el ámbito laboral, para que vengan los fondos de ayuda sin que el resto de socios comunitarios nos saquen los colores por abusar de la manga ancha que ofrece la UE y no saber como vamos a rellenarla de nuevo. Al Ejecutivo comunitario tampoco le va a pasar desapercibido el maremoto político que se está montando en España en plena pandemia, con un partido político clave en algunos centros de poder a punto de desaparecer y unas elecciones en Madrid que todo el mundo interpreta en clave nacional, como un duelo más entre Sánchez y Casado, con Ayuso de directora de operaciones.

Si por culpa de cualquiera de todos los políticos implicados en el caos interno que reina en España, los ciudadanos o las empresas se quedan fuera de alguna de las ayudas comunitarias, o el país no es capaz de aprovechar los 140.000 millones que deben llegar por pura incapacidad de gestión, a quienes habría que llevar ante los jueces sería a todos esos servidores públicos, precisamente porque se olvidaron de eso, de que su trabajo no es ejercer el poder para mayor gloria de su ego, es servir a los ciudadanos.