'Excusatio non petita' del Gobierno Vasco para irrumpir en empresas con "arraigo"

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l Gobierno Vasco ha sorprendido en la primera semana del año con una noticia de alcance que, pese a las fechas de baja intensidad informativa, no deja de tener mucha enjundia. A través de un fondo del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) que estará dotado de 250 millones de euros, entra directamente en el capital de una sociedad vasca privada y cotizada, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con un 1,28% del capital tras desembolsar 15 millones de euros. Y anuncia que no será la primera incursión de este tipo que haga, para salvaguardar el crecimiento de la economía vasca y el "arraigo" de sus empresas. Esa parte se la compra, además, a Kutxabank, obligada por la normativa europea a desprenderse de sus participaciones industriales para cubrir sus ratios de solvencia, con lo cual, doble efecto beneficioso, para más “arraigo”.

En una primera lectura, choca ver cómo se destina capital público de forma tan directa a apoyar a una empresa cotizada, que no está en dificultades a corto y medio plazo a pesar de lo competitivo de su sector a nivel internacional, en un modelo económico europeo integrado y donde la libre competencia es una norma cuasi sagrada, que vigila muy de cerca todo lo que pueda parecerse a una ayuda de Estado. El País Vasco ya conoce muy bien ese celo europeo sobre ayudas de Estado, tras el tremendo varapalo que recibieron en el año 2008 sus famosas ‘vacaciones fiscales’ y, mucho antes, en la década de los 90 y en plena crisis industrial, con el tan cuestionado Plan 3R para empresas en dificultades, que lejos de salvar empresas, fue dinero público malgastado en liquidarlas.

Ahora vuelve a la carga con este proyecto de entrar con capital en la cabecera de las empresas que se consideren estratégicas para la economía vasca (cabe preguntarse quién decide lo que es y no es estratégico), pero en la propia presentación, los dos consejeros vascos que lo lanzan, antes de que se les acuse de nada y por lo que se pueda pensar (excusatio non petita…) ya advierten que en este caso no son ayudas de Estado, “porque no van a empresas en dificultades”. Es decir, como no se usa dinero público para salvar empresas y evitar que el mercado las elimine dentro de la voracidad competitiva que todo el mundo sufre por igual (libre competencia), no son ayudas de Estado. Pero no cabe ahora hacerse trampas al solitario. Los dirigentes vascos saben que en esa interpretación va a estar el riesgo, y se enfrentan de nuevo a unas autoridades europeas que siempre han dado un amplio margen al concepto de ayuda de Estado, dentro de la indecisión que marca el artículo 87.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE): “Serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, las ayudas otorgadas a los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”.

Mas allá de ese concepto básico del TCE, el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 107) y una amplia jurisprudencia han enumerado e interpretado lo que puede o no puede ser considerado ayuda de Estado, pero sin números clausus. Es decir, que en cualquier momento pueden considerar que en este caso, más allá de no estar en dificultades, ese respaldo directo con dinero público a una empresa privada (por primera vez) puede distorsionar el funcionamiento de un mercado como el del material de transporte ferroviario, donde hay otros operadores europeos que no tienen un respaldo similar (aunque lo hayan tenido en el pasado). Pero es más, ya en la sentencia del Tribunal Supremo español sobre las ‘vacaciones fiscales’ vascas (antes del varapalo europeo) se advertía que, más allá de la normativa sobre competencia, la autonomía regulatoria que el Estatuto de Autonomía del País Vasco otorgaba no podía amparar situaciones en las que unas empresas (o personas) tengan más ventajas que otras dentro del entorno del Estado español. ¿Por qué tiene respaldo de dinero público CAF, y no lo tiene Talgo? Eso sin hablar de lo que ocurre con los cientos de empresas que por estar en el País Vasco o comprometidas con su Administración de alguna manera, van a tener alguna ventaja a la hora de competir con otras que no lo están como proveedores de la propia CAF o participantes en los concursos internacionales a los que esta empresa opta por su tamaño.

Los propios responsables de CAF han advertido en muchas ocasiones lo complicado que es competir en su entorno, máxime ahora, con un gigante europeo como Siemens-Alstom, recién fusionado, y una sobrecapacidad de producción en Europa que obliga a salir a un mercado completamente globalizado. Para hacernos una idea, el grupo franco-alemán multiplica casi por diez la facturación de la empresa vasca, con la que compite en multitud de concursos internacionales. Pero es más, el gigante chino CRRC que está irrumpiendo en todo el mundo con unos costes bajos inalcanzables, es cuatro veces mayor que el consorcio europeo. En ese contexto, es lógico pensar que toda la ayuda que se le pueda dar a CAF es poca. Incluso se debe considerar una proeza cada contrato internacional que logra la empresa guipuzcoana ganando a los grandes en cualquier rincón del mundo. Pero hay muchas formas de apoyarles (o debiera haberlas), con el máximo respaldo institucional posible, que no supongan una operación que puede ir a contracorriente en el entorno europeo y que, más que beneficiarle, puede provocarle problemas.

Nunca fue bueno mezclar política y negocios. En este caso, las interpretaciones políticas, más o menos fundadas, son también considerables. El caso es que el País Vasco tiene 250 millones de sobra para invertir en empresas con arraigo que garanticen su futuro industrial, gracias a la buena gestión de sus finanzas en virtud del Cupo y el modelo de Concierto Económico. Hasta ahí todo bien, pero no es muy correcto anunciar esta operación de entrada en empresas, cuando se tiene al Gobierno estatal cautivo de la negociación de unos Presupuestos y, con ellos, de las bases para un nuevo modelo de financiación de las comunidades del régimen común, que seguro que no va a dejar margen para invertir así en sus empresas. Es más, si todas las autonomías decidieran hacer algo similar o exigieran ahora crear un fondo estatal similar al vasco para tomar participaciones en empresas “estratégicas” del resto de España, entraríamos en un modelo intervencionista contrario a Europa, la unidad de mercado y la libre competencia de forma flagrante. Y una vez en el mundo de las hipótesis y la predicción política, cabe pensar que en un posible proceso independentista vasco similar y enquistado como el catalán, si se tienen controladas las empresas estratégicas de la comunidad con dinero público, no habría la fuga que se ha producido en Cataluña. O habría menos, pero nada de esto sería bueno para CAF.