El intervencionismo se instala en la economía en campaña electoral

Las huidas hacia adelante en política y economía son un recurso típico de las precampañas electorales que, por más efectismo y rendimiento político que puedan dar a muy corto plazo, se suelen pagar caras una vez de vuelta a la realidad de la gestión pública ante el regreso de los mismos problemas de siempre que nunca se supieron solventar. Esta es la idea que subyace detrás de victorias pírricas tejidas a última hora como la Ley de Vivienda, la reforma de las pensiones o la propia evolución de los datos del paro y de los precios, que pueden tener un efecto ‘boomerang’ muy peligroso cuando haya que ponerse a gobernar, el año que viene, con una coalición de Gobierno, ya sea de izquierdas o de derechas, pero en la cuerda floja.

El triunfalismo con el que la izquierda radical de Unidas Podemos y los independentistas vascos y catalanes han vendido un acuerdo a medias para sacar adelante el tope a los alquileres a menos de dos meses de las elecciones, refleja más la medida de su propia debilidad y fragmentación que el hecho de haber solucionado un problema irreconciliable incluso dentro de su propia alianza con Sánchez. Frente al intervencionismo evidente en un mercado al que se quieren poner unas limitaciones que nadie se cree, van a surgir dos problemas que ya existían antes de la norma y a los que nadie ha sabido poner una solución entre tanta negociación supuestamente “discreta”: por un lado, el hecho evidente, como ha ocurrido en otras capitales europeas como París y Berlín, con más cultura y opciones para alquilar que en España, de que esa limitación de las rentas retrae el mercado y liquida la oferta, con lo que habrá menos opciones y más caras que nunca para quienes no llegan a alquilar ahora; y segundo, el riesgo van a ser tantas regulaciones y casos particulares como CCAA y ayuntamientos hay en España, una liada de dimensiones bíblicas en la que el nuevo caciquismo político para declarar zonas tensionadas o decidir quién es tenedor de vivienda de los buenos o de los malos, encontrará sus mejor caldo de cultivo.

Estas concesiones al intervencionismo radical que hace el Gobierno de coalición no son nuevas, pero sí es cierto que se han remarcado de forma clara en el último año de legislatura, justo tras la llegada de Feijóo como líder del PP y el nerviosismo que su efecto produjo en las filas socialistas. Hemos pasado de gravar de forma poco justificada los beneficios de la banca y las eléctricas, o buscar una salida rocambolesca al caos del Impuesto del Patrimonio con el de las grandes fortunas, a plantear incluso un organismo nuevo que vigile los márgenes de las empresas. Es paradójico que nunca se haya querido o sabido instaurar (como se ha pedido desde algunas organizaciones agrarias) un observatorio de los márgenes de la cadena alimentaria, que habría sido muy útil ahora para saber qué pasa con los precios de los alimentaos básicos, y se pretenda vigilar a los empresarios españoles, que son quienes más están tirando del carro para salvar los muebles de la incertidumbre económica que nos rodea.

Ha sido la vuelta del empleo privado, el que generan las pymes, lo que ha evitado, por el momento, que el principal pilar sobre el que se sustenta la política económica de Sánchez no se haya desmoronado, como amenazaba desde el verano pasado. Los datos demuestran que la deuda de las empresas no financieras y de las familias están en niveles mínimos (sobre PIB) de las últimas dos décadas, frente al aumento del endeudamiento público que ha superado (en España y en gran parte de Europa) los techos más altos de su historia. Solo el avance de la inversión privada y la creación de empleo que conlleva puede evitar el descalabro de una economía que no sepa contener el gasto público en los próximos años y consolide sus cuentas en el entorno fiscal europeo.

Frente a ello, desde el Ejecutivo español, en plena huida hacia adelante en busca de votos, se ha optado por hacer la guerra a los empresarios de forma sistemática y con capítulos como el de la salida de Ferrovial, en el que la sobreactuación y las malas formas que se han visto desde el ámbito público dejan mucho que desear, pese a la moderación de los últimos días. Las razones económicas de la empresa para salir fuera en busca de un estatus más lógico a su estructura de negocio son impecables. Se puede cuestionar, pero en el fondo y en la forma, la virulencia con la que desde Moncloa se ha actuado solo es explicable en campaña electoral.

A finales de este mes de abril tendremos los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre sobre la mesa, en la que se deberá ver la tendencia que sigue el mercado de trabajo y quienes son los que de verdad están haciendo que España aguante con una previsión del 2% del PIB de crecimiento frente a otras economías europeas. A un mes de las elecciones va a ser complicado analizar el dato sin triunfalismo político oficial, sobre todo a la vista de que en ese ámbito laboral es donde PSOE y Sumar van a poner todas las bazas de cara a las generales, con permiso de los ‘morados’. Será también un buen momento para que en las filas del ‘sanchismo’ se replanteen si merece la pena dar tanto pábulo al intervencionismo de izquierdas poco fundamentado o reconocer de una vez por todas la labor social que hacen los empresarios en este país, en lugar de verlo todo desde la trinchera del enemigo. Eso puede estar cerca de lo de morder la mano que te da de comer.