¡Colguemos a los banqueros del palo mayor! ¡Solo así se acabarán todos los problemas! Esta parece ser la consigna que se ha instalado en la sociedad. El problema es que dentro de los que persiguen el pogromo de los banqueros se encuentran relevantes instituciones de esa misma sociedad.
Va a hacer 12 años de aquel verano en el que las primeras intervenciones extraordinarias del Banco Central Europeo y la Reserva Federal afloraban un cambio de rumbo de la economía mundial. Un año después, la caída de Lehman Brothers reventó una gran burbuja financiera cuyo estallido sumió al mundo en la mayor crisis desde el crack del 29.
Todo esto, y mucho más, es cierto. En Estados Unidos y en Europa, incluida España, las entidades financieras habían hecho de su capa un sayo y habían actuado irresponsablemente asumiendo más riesgos de los que eran capaces de gestionar. Pero no es menos cierto que un análisis riguroso no puede concluir con que las entidades financieras son las únicas responsables de lo ocurrido.
Nadie puede negar que el caldo de cultivo de una burbuja gestada durante 8 años (desde el estallido de la burbuja puntocom) fue, sin duda, la política monetaria expansiva que los principales bancos centrales implementaron durante toda la génesis. Posiblemente para ayudar a minimizar las consecuencias de bluf tecnológico. Tampoco los gobiernos estuvieron a la altura: la derogación en Estados Unidos de la ley Glass-Steagall permitió la hipertrofia de la banca de inversión y la dispersión mundial de créditos y préstamos de baja calidad en forma de inocentes bonos de renta fija. Mientras tanto, los supervisores financieros desoían las alarmas que avisaban de que el sistema estaba entrando en la zona roja de alto riesgo. Además, una vez que estallaron las costuras, prefirieron confiar en una súbita e injustificada recuperación económica que nunca llegó, evitando así adoptar medidas más drásticas como la situación requería.
Sirvan estas pequeñas pinceladas para describir una serie de decisiones de las autoridades a ambos lados del Atlántico, que coadyuvaron a la catástrofe. ¿Podemos, en justicia, achacar a bancos y otras entidades financieras la responsabilidad única o principal de lo ocurrido? No parece justo, pero además, es un error que nos llevará a conclusiones equivocadas.
Centrándonos en España, lo primero que podemos apreciar es un cambio estructural y visual de nuestras entidades crediticias. Han desaparecido algunas históricas y han aparecido otras nuevas; y nuestro sistema financiero se ha contraído estructural y financieramente. Fijémonos, por ejemplo, que en 2007 había más de 45 mil oficinas bancarias, con 270 mil empleados y créditos al sector privado por importe de 1,7 billones (europeos) de euros. Hoy día, 11 años después, hay menos entidades de crédito con poco más de 26 mil oficinas, y bajando, 187 mil empleados, y bajando, y 1,15 billones (también europeos) de crédito al sector privado. Además, hay una amplia lista de nuevos operadores financieros de ámbito objetivo limitado que implican una presión competitiva no menor.
Es evidente que la metamorfosis ha sido relevante. Es cierto que este nuevo sistema bancario, en su conjunto, va mejorando sus indicadores. Pero no es menos cierto que sigue en niveles peores que hace 10 años. Véase, por ejemplo, la ratio de eficiencia del 53%; mejor que la media europea, pero lejos aún de aquel 44% pre-crisis. Más grave es la evolución de la rentabilidad financiera (ROE), que se sitúa en un 7,2% frente al 18% del que partíamos. En este punto cabe resaltar la mención del último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España en el que se alerta de que esta ratio no alcanza aún el coste de capital.
En cualquier caso, parece lógico concluir que si las autoridades han hecho correctamente su trabajo, las entidades que a día de hoy han sobrevivido a la crisis son aquellas que han sabido capear el temporal, o bien, entidades reestructuradas que actualmente están saneadas. No podemos obviar, sin embargo, que existe una actitud extremadamente crítica con el sistema financiero; actitud que más allá de apreciaciones subjetivas, es perjudicial para el crecimiento económico. Podemos identificar claramente cuatro focos que están adquiriendo fuerza y que suponen un riesgo relevante para la banca e, indirectamente, para la economía.
En primer lugar, la aparición de numerosos operadores basados en soluciones tecnológicas que son competencia de las instituciones bancarias tradicionales. No criticaremos desde esta tribuna la introducción de palancas competitivas, sin embargo, tampoco obviaremos que el régimen regulatorio debe evitar arbitrajes entre entidades de diferente ámbito de actuación. Sea como fuere, hoy día las denominadas fintech y bigtech son un factor de riesgo nada desdeñable.
Otro de los focos de presión es el ya manido “impuesto a la crisis”: que los bancos paguen un impuesto para sufragar la crisis. Desde el punto de vista de la técnica jurídico-fiscal parece complicado diseñar un hecho impositivo de este tipo, pero de ser posible, deberían pagarlo quienes provocaron la crisis. En ese caso, como decíamos antes, puede que el impuesto deba recaer también sobre gobiernos, bancos centrales y supervisores. En definitiva, más allá de la arenga política, la propuesta tiene poco sentido; sin embargo, estos argumentos contribuyen a engordar esta causa general abierta contra los bancos y, en cualquier caso, nadie garantiza que no se acabe creando una tasa de “porque sí”.
La cuestión de los requerimientos de capital ya la hemos abordado en otra tribuna anterior, sin embargo, estos párrafos no estarían completos si no lo mencionáramos. Sin entrar a cuestionar los cálculos que determinan cuál es nivel de capital adecuado para un banco, éste debe actuar como un límite al apalancamiento (efecto preventivo) y no como una solución a una crisis (efecto paliativo); al fin y al cabo, nunca el capital ha salvado a un banco en problemas. Esta tesis no se aplicó en los años anteriores a la crisis, en los que sí hubiera sido muy oportuna esta presión al alza de la capitalización, que en España existió con las provisiones anticíclicas, pero que en el resto de Europa y Estados Unidos la tendencia era, por el contrario, a rebajar esas exigencias.
Finalmente, mencionar lo que el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España ha venido a denominar el “riesgo legal”, consistente en el incremento de litigios judiciales por algunas cláusulas contractuales, principalmente vinculadas a las financiaciones hipotecarias. En particular, podemos mencionar las cláusulas suelo, los gastos de formalización de la hipoteca o el últimamente famoso IRPH. La aproximación a cada uno de ellos es diferente, tanto por la consistencia del argumento como por el impacto económico. En este sentido cabe apuntar a cierta demagogia, por ejemplo, con los gastos de formalización ¿O es que alguien ha demandado a algún concesionario de coches por cobrarte entre 300 y 1.000 euros de gastos de gestoría? Cierto es que hay otras cláusulas en las que la actuación de los bancos sí podría calificarse de abusiva. Pero incluso en este caso, también habría que echar un ojo al supervisor de la conducta y su actuación de cara a haber evitado llegar a una instancia judicial tan elevada. En cualquier caso, cuando los bancos hayan actuado incorrectamente deberán, por supuesto, resarcir a los perjudicados, pero siempre con una resolución justa, equilibrada y evitando pogromos. No olvidemos que la economía y la sociedad necesita a los bancos (aunque solo sea para echarles la culpa de nuestros males).
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