La ministra Teresa Ribera ha comprendido, por fin y después de algún que otro encontronazo con sus mayores, que el departamento que le fue asignado tras la célebre moción de censura es un ministerio con la preposición cambiada. No es un Ministerio de algo como todos los demás, sino que ha sido creado para una labor tan compleja y arriesgada como es una transición ecológica. Un proyecto faraónico y a largo plazo, que debe asentarse en una nueva cultura política, social y económica, de manera que todos los agentes del mercado metabolicen una normas de actuación que obligarán a no pocos esfuerzos y renuncias tras superar no menos conflictos de intereses. De ahí que los objetivos solemnemente proclamados 'ad calendas graecas' en los primeros compases del actual Gobierno socialista tengan tantos partidarios como detractores, lo que no deja de ser un riesgo para las aspiraciones del inquilino de La Moncloa.
El propio Pedro Sánchez se ha bajado de la moto acelerada que ha estado pilotando a todo gas Teresa Ribera y acaba de reconocer en público que “las leyes medioambientales no son muy populares entre los ciudadanos”. Una declaración que sirve de contrapunto para tapar la boca al ecologismo ultramontano con que irrumpió en el cargo la pupila de Cristina Narbona y evidencia también el frenazo en seco de los planes enarbolados a los cuatro vientos por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. El manido y cacareado Plan Integral del Clima y la Energía, esgrimido como la panacea de ese mundo feliz sin emisiones de CO2, está siendo cocinado a fuego lento en distintas y edulcoradas versiones mientras los estrategas políticos del PSOE deshojan la margarita de abordar -sí, o mejor no- el entonado cambio climático en medio del más inestable clima electoral.
Después de varios meses encabezando el ranking de fanfarronadas ecologistas resulta que el Gobierno de España fue a finales de diciembre uno de los siete miembros de la Unión a 28 que no presentó sus propuestas oficiales a la Unión Europea. Como no podía ser de otra manera, la ministra se justificó con la típica excusa de mal estudiante señalando vía Twitter que no había tenido tiempo material para aprobar la asignatura debido al escaso periodo de tiempo que lleva en el puesto y el nulo bagaje recibido en herencia. A la vuelta de Año Nuevo y tras la correspondiente amonestación por parte del comisario Arias Cañete, el Gobierno se ha acogido a la repesca para enviar en las próximas semanas a Bruselas algo parecido a una planificación energética con la que cubrir el expediente ante los técnicos de la Comisión Europea.
Dentro del propio Ministerio para la Transición Ecológica existe la sensación de que el líder socialista prefiere caminar de puntillas para no dar más trompicones que pongan en riesgo las relaciones del Gobierno con sectores claves de la economía española. Después de meter en combustión a toda la industria del automóvil con el ataque al diésel, Sánchez ha puesto las barbas a remojar no vaya a ser que la moda de los chalecos amarillos importada de la ‘pasarela Macron’ en Francia termine causando furor en España. El jefe del Ejecutivo ha comprobado que eso de tener un planeta más sano y más limpio no resulta gratuito, ni económica ni políticamente. A partir de ahí, Ribera ha precintado su original proyecto estrella para centrarse en lo más urgente, que era resolver el conflicto con la CNMC evitando la demanda que las autoridades europeas estaban ultimando contra el Reino de España en el Tribunal de Luxemburgo.
La ministra ha conseguido reconducir in extremis las relaciones con el organismo regulador que preside José María Marín Quemada y a partir de ahora será la CNMC la encargada de pelar la patata caliente del recibo de la luz como cancerbero responsable de fijar los peajes eléctricos que suponen cerca del 40% del precio final que paga el consumidor. La que se avecina puede ser de órdago si se observa que la última orden ministerial establece una vuelta a las andadas con un déficit de tarifa de 450 millones, una cifra que, en puridad, obligaría a incrementar la dolorosa en un 10% para sufragar los llamados costes regulados del sistema. Dicho en otras palabras, el organismo de supervisión se va a ‘jartar’ con sus flamantes y renovados poderes, pero a los escrupulosos dirigentes de la CNMC no les van a arrendar las ganancias.
Un nuevo regalo para las eléctricas
Los grandes beneficiarios de todo este proceso de involución en el mercado eléctrico son las grandes empresas generadoras que han conseguido liberarse del estrecho marcaje a que estaban sometidas por el anterior ministro Álvaro Nadal y se han garantizado una retribución de no creer tanto para sus fuentes de producción renovable como para sus redes de transporte y distribución. Las primeras serán compensadas al 7,1% y las segundas al 5,6%, niveles ambos más propios del año 2013 cuando España padecía una prima de riesgo por encima de los 300 puntos básicos. Con los actuales tipos planos de interés los grandes popes del mercado llevan días frotándose las manos por un regalo ciertamente inesperado y que se traducirá en un coste anual para el sistema de 3.500 millones hasta 2030.
Salvo mejor opinión de la CNMC, la garantía de pago a las eléctricas tendrá que sufragarse con cargo a la tarifa justo cuando todo hacía presagiar que la factura de la luz, una de las más caras de toda Europa, tendría que recortarse una vez saneado el balance del sector tras la célebre reforma eléctrica de hace cinco años. Es lo que tiene cambiar los equipos ministeriales a mitad de partido, sobre todo cuando el relevo afecta también al color del sello político. No digamos si además se invocan principios inmutables de carácter planetario que nadie osará discutir en un sentido antropocéntrico. El cambio climático está por encima de todo, excepto claro está si coincide en medio del clima electoral. Pero entretanto, Alcoa, Vestas, Cemex y demás damnificados ya han dicho que se van de España y algunos en el propio Gobierno todavía se preguntan por qué.
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