Vivimos tiempos difíciles pero lo peor aún está por llegar

Los políticos deberían tener prohibido hablar mal de otros políticos. Convendría que hablaran solo de proyectos e ideas y de cómo mejorar nuestras vidas. El gran problema de la política española es su alto nivel de enfrentamiento, su ausencia de educación institucional y su falta de respeto por los rivales y los votantes. Llevamos cuatro años ignorando la cortesía parlamentaria para entrar de lleno en la chulería plenipotenciaria. Oyes, por ejemplo, las palabras de Félix Bolaños cuestionando las instituciones del Estado que él mismo controla, a los propios interventores del PSOE y a los ciudadanos que tuvieron que trabajar por “orden” en el recuento de las elecciones. Y a cambio decide llegar el ministro de la Presidencia hasta el Tribunal Constitucional -que preside un juez de tendencia socialista- para impugnar el voto CERA porque no le gustan los resultados. Si lo hace Trump, es un ataque a la democracia; si lo hace Bolaños, es una forma de aplicar la democracia.

La de malos rollos que nos ahorraríamos si un político fuera sancionado por hablar mal de otro político competidor. Pero la amonestación debería ser exigente, no como ahora que pagas una multa mínima de la Junta Electoral, que además sufraga el propio ministerio o partido, y puedes “escupir” por esa boquita todo lo que desees. No es un tema menor ni mucho menos baladí exigir el respeto institucional porque todo lo que propone y fomenta un Ejecutivo -aunque esté en funciones- no es inocuo sino que inunda y contagia al resto de los comportamientos sociales. Vivimos en un mundo en el que los únicos referentes son los individuos que aparecen por televisión, y los que aparecen -políticos principalmente- dejan mucho que desear.

Se avecinan tiempos difíciles y complejos para todos porque Pedro Sánchez y sus asesores no están ocupados en las cosas de comer o de crear empleo o de solucionar los innumerables problemas de este país, y sí están en cambio concentrados en las cosas de la propaganda y el maquillaje para convencer a la opinión pública de que todo lo que hacen es fantástico y está dentro de la Ley. Algo que ya no se creen ni ellos mismos, y tampoco lo disimulan mucho ya que utilizan eufemismos tan burdos como escandalosos -“alivio penal” en lugar de amnistía- para convencer al ciudadano de que todo lo que suceda en beneficio de los separatistas se ajusta a derecho y está dentro de la Constitución. Pero no nos engañemos, el beneficio máximo es para Pedro Sánchez.

Sabemos que Carles Puigdemont exigirá a cambio cualquier precio que le interese y le convenga, lo malo de ello es que el líder del PSOE está dispuesto a pagar ese precio y el que exijan con tal de no abandonar Moncloa. ¿O alguien se imagina al presidente en funciones anunciando que vamos a elecciones porque no transige con las pretensiones de los separatistas? Creo que a estas alturas nadie se lo imagina. Antes será Puigdemont el que en un arrebato de dignidad soberanista y en plan estrategia electoral de cara a las autonómicas decida romper la baraja y convocar elecciones. Aunque no creo que los intereses especulativos de ambos políticos estropeen una relación tan ventajosa entre una parte sumisa del Gobierno y entregada a la voluntad de un reo, y la otra parte dominante y pendiente de comparecer ante la Justicia.

Sánchez tiene ahora la excusa perfecta para maniobrar según le parezca y convenga. Los votantes del PSOE sabían el pasado 23-J qué significaría votar de nuevo a Sánchez, a diferencia de las anteriores elecciones generales, y le han dado una especie de ‘carta blanca’ para que el socialismo -o sanchismo, si lo prefieren- pueda asociarse con la izquierda más radical y con el potaje ideológico de los secesionismos vasco y catalán. El atenuante de desconocimiento o engaño ya no se puede aplicar para estos votantes, todos sabían y saben qué puede ocurrir y cómo juega el presidente en funciones y de lo que es capaz si puede utilizar los resortes de la autoridad, saltándose, y eso es lo más grave, cualquier separación de poderes. El dominio que ostenta Sánchez desde Moncloa no se limita al poder Ejecutivo, atraviesa y manipula el Legislativo, y pretende controlar de lleno el Judicial.

Inauguramos un periodo político en el que entrará en juego el revisionismo de la Transición y de todo lo que se les ocurra y antoje a los socios extremistas de Pedro Sánchez. Lo vimos hace unos días con la propuesta del lendakari Urkullu intentando vender una nación de naciones inventada por él y proponiendo la reforma de la Constitución como quien recurre a la “ignoratio elenchi”, una refutación ignorante, que presenta un argumento que puede o no ser válido, pero que concluye además con una proposición diferente a la que debería probar. Es decir, Urkullu se monta una pájara mental para reformar la Constitución a su antojo, simplemente con su soberana voluntad y pretendiendo el apoyo gracioso de Pedro Sánchez, sin acreditar ni un argumento legal.

Acabamos de ver ya la primera parte de un espectáculo político con muchas sonrisas y un gran postureo tragicómico entre la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, y el expresidente catalán y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. Lo visto el lunes es algo más que una maniobra de distracción para complacer a Junts, es una decisión de Sánchez que ha encargado a su eternamente Yolanda anunciar ante la opinión pública que el Gobierno está dispuesto a darle a los independentistas lo que pidan. La representación teatral ha funcionado. En España ya nadie se inmuta porque una vicepresidenta del Gobierno se vaya a Bruselas para negociar con un prófugo de la Justicia española. A partir de ahora podemos ver y esperar cualquier cosa. Esperemos que el viaje, al menos, para entrevistarse con el prófugo Puigdemont lo haya hecho a cuenta de su partido y no del Gobierno.