Domingo, 18.08.2019 - 03:38 h
vicepresidente de la Fundación Renovables.

Esto no es un pleito, es una guerra

Hace tan solo unos días, conocíamos por los medios de comunicación que, una vez más, un responsable de la abogacía del Estado del más alto nivel se pasaba al sector privado. En este caso no se trataba de una pequeña incidencia, pues había dos circunstancias muy singulares que le daban un especial interés: por un lado, el letrado cambiante era el responsable mayor de los infinitos procesos judiciales y arbitrales seguidos por Ministerio de la cosa eléctrica, que se marchaba, precisamente, al despacho internacional que había sido contratado en su día por el propio Ministerio -casualmente- para la defensa de dichos procesos en el ámbito internacional. Pero la segunda y mayúscula curiosidad, es que venía precedida de la contratación, igualmente singular, del anterior Ministro de Justicia (Rafael Catalá) por parte de este mismo despacho.

Desde luego no voy a poner en cuestión la capacidad jurídica del compañero excedente, puesto que está fuera de toda duda (no sé si puedo decir lo mismo del exministro, del que solo conozco su gestión como tal, siendo casi unánime la opinión de que dejó bastante que desear). Lo que no me podrán negar es que, cuando menos, de estética no andamos muy bien.

Durante todos estos años, he venido defendiendo en muchos de los procesos que han achicharrado a las renovables que en el ámbito energético nacional cada juicio, por pequeño que fuese, no era realmente un pleito sino una batalla en una guerra en la cual, aun sabiendo que lo previsible era la derrota, sería imprescindible dejar alguna pica en Flandes para el siguiente procedimiento que, sin ninguna duda, llegaría. Esa dinámica de supervivencia reconozco que es muy difícil de asumir por un despacho que únicamente haya sido contratado para un pleito en concreto, pues su historia comienza y termina en ese mismo proceso. Igualmente es muy difícil explicar a un cliente, por grande o pequeño que sea, que su esfuerzo es necesario para la supervivencia de los demás, como que su posibilidad de éxito deviene de los esfuerzos pretéritos de anteriores suplicantes.

Pues bien, esa dinámica, que ha permitido aguantar el tipo a muchos durante todos estos años de travesía por el desierto, curiosamente se ha vuelto del revés y se muestra en su cara más adusta contra el propio Estado. En la actualidad, más allá de algún impedimento temporal desde los amigos de la jurisdicción comunitaria, España se enfrenta a un sinfín de fracasos en forma de laudos arbitrales del CIADI (institución internacional dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales del Banco Mundial), que abocan al Estado español a un disparatado coste por su política errática en renovables y a una imagen claramente poco venturosa en el ámbito de las inversiones internacionales. 

Como antaño con los productores nacionales, una vez más, no nos encontramos ante un proceso, sino ante una guerra. Solo la inteligencia colectiva de los órganos del Estado (que por desgracia no siempre se presuponen) dará alguna posibilidad de éxito a aquellos litigios. Solo el ser capaz de vincular algún tipo de estrategia político-regulatoria del nuevo Ministerio con las rendijas que se muestran en los arbitrajes resueltos, va a permitir a España zafarse de una forma mínimamente digna de este entuerto.

Para ello, será necesario sin duda, que se suelten algunas riendas invisibles del pasado, originadas por Ministros y Secretarios de Estado demasiado omnipresentes en la vida jurídica de la energía en los últimos años. Al final va a ser que, como ocurría en Star Wars, la solución para resolver todos estos intrincados problemas pase por que muchos miren en el interior de sí mismos, y abandonen de una vez el lado oscuro de la fuerza, que a tan sórdidos rincones nos dirige.

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