La participación ciudadana en renovables necesita medidas concretas y ambiciosas

Un escenario donde cada uno pueda ser parte activa de la revolución energética. Ese es el leitmotiv que debe motivar el despliegue de proyectos de energías renovables. Y es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se alza como una hoja de ruta clave para llevarnos hacia ese futuro verde. Pero no basta con objetivos ambiciosos: necesitamos que los grandes números se materialicen, haciendo de la transición un camino seguro y rentable para las personas.

La revisión del PNIEC, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, ha vuelto a elevar los objetivos de despliegue de energías renovables. Más allá de las cifras alentadoras, es fundamental establecer un modelo de desarrollo sostenible que disipe las incertidumbres del sector, una meta que el PNIEC no ha logrado definir por completo. Debemos evitar un desarrollo de acelerones y frenazos y alcanzar un marco estable que asegure que los proyectos se puedan financiar y que su impacto en el territorio sea positivo y tangible para las comunidades locales.

La revisión ha fijado metas ambiciosas: alcanzar los 76 GW de energía solar, incluyendo 19 GW de autoconsumo, y 62 GW de energía eólica para 2030. Para lograr estos objetivos, los planes y acciones deben ser concretos y realistas, generando confianza entre ciudadanos, promotores y entidades financieras sobre la realización efectiva de estas metas. Por este motivo, es importante poner el foco en cómo vamos a llevar a cabo este despliegue de renovables. Así se ha puesto de manifiesto en los últimos meses, en los que la ciudadanía ha reclamado que las instalaciones tengan efectos sociales y territoriales positivos e involucren a los vecinos.

Para dar respuesta a este reto, la actualización del PNIEC pretende consolidar y dar impulso a algunas medidas que ya se vienen aplicando a nivel nacional y autonómico. Es el caso de la inversión local en renovables, mediante la cual los promotores ofrecen una parte de la financiación o el capital de sus proyectos a los ciudadanos y las comunidades locales. A cambio, estos obtienen una parte de los beneficios que estos generan invirtiendo pequeñas cantidades desde 500 euros.

La actualización mantiene intacto su compromiso de continuar incentivando este mecanismo en subastas y otras ayudas, lo cual es una noticia positiva. También señala que se desarrollarán instrumentos para fomentar la participación en los beneficios de los proyectos, aunque no ofrece detalles precisos. En este punto, la experiencia y las demandas de los ciudadanos pueden dar luz sobre los instrumentos que urge desarrollar.

En contraste con el modelo energético tradicional, donde el ciudadano era un consumidor de energía, las renovables permiten que participe en actividades antes restringidas, como la generación de energía o la obtención de beneficios. Por lo tanto, una condición necesaria para que este modelo funcione es la confianza y la colaboración entre actores diversos.

En el caso de la inversión local, la premisa es clara: para que el ciudadano participe, debe confiar en que podrá recuperar su inversión en el proyecto. Esto es especialmente relevante en soluciones novedosas vinculadas al sector energético, que en general son desconocidas para la población. La experiencia acumulada en las Comunidades Autónomas que aplican esta medida demuestra que la administración debe desempeñar un rol activo para superar esta barrera, otorgando garantías a los ciudadanos sobre la seguridad de su inversión, su contribución a la transición energética y su retorno económico.

Si aspiramos a lograrlo, el PNIEC debe aumentar su ambición y proponer medidas específicas para implementar las mejores prácticas. En países como Francia, se otorga una etiqueta de crecimiento verde, que en España podría gestionar el IDAE, que acredita los mejores proyectos con las condiciones financieras más favorables. Así se promueve que los promotores opten por mecanismos de participación ciudadana y que lo hagan de forma transparente y con garantías financieras y de calidad ambiental. Más de cien proyectos ya han recibido este distintivo.

Por otro lado, el Fondo Europeo de Inversiones está impulsando la posibilidad de que las administraciones avalen las inversiones locales en estos proyectos, garantizando la recuperación de la inversión y generando un clima de confianza entre las empresas y la sociedad.

El siguiente reto en el que necesitaremos mayor determinación es la búsqueda de fórmulas para hacer los retornos económicos más tangibles. Los ciudadanos necesitan percibir que sus facturas se ven recompensadas por su contribución a la transición.

Para lograrlo, una alternativa ya contemplada en otros países son las deducciones y exenciones fiscales a las inversiones locales y acciones en proyectos verdes. Otra vía, especialmente prometedora y reclamada socialmente, es que los retornos económicos de la inversión local se observen en la propia factura de la electricidad. El banco de pruebas regulatorio que actualmente desarrolla el MITECO es una oportunidad para explorar el encaje de estas opciones.

Lograr que la participación ciudadana sea un elemento central en el nuevo modelo energético requerirá soluciones creativas y novedosas. El PNIEC constituye un marco idóneo al que debemos otorgar ambición y concreción. No podemos perder esa oportunidad. Está en juego la posibilidad de liderar la transición gracias a nuestros objetivos renovables y nuestro compromiso con el bienestar social.