Confusión y abuso van de la mano en las crisis. Da igual cuando leas esto. Lo primero siempre facilita lo segundo. El caldo de cultivo perfecto para perpetrar un abuso es la falta de información y transparencia en el desarrollo de una actividad o situación. El mercado eléctrico europeo cuenta con todos los boletos para el sorteo de un 'atraco' de grandes proporciones este invierno, aunque todavía no sabemos identificar con claridad quién es el ladrón. La víctima, naturalmente, suele ser siempre usted. La enésima crisis de la factura eléctrica alcanza dimensiones tragicómicas debido al profundo desconocimiento general de lo que estamos hablando. Es como una 'caja negra' que, con verdadera humildad, quizá nadie sabe justificar y en la que la parte más débil del sistema acaba pagando los platos rotos: el ciudadano, la pequeña empresa y el autónomo.
El recibo de la luz tiene tres componentes principales: energía, costes regulados e impuestos. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿quién se lo está llevando crudo con la electricidad? ¿Productores de materias primas, eléctricas o el Estado? En realidad, todos ellos pero cada uno solo mira la parte que le conviene. Según el Banco de España, el 70% del aumento del precio de la electricidad mayorista en los últimos meses es imputable a los precios del gas natural y al de los derechos de emisión de CO2, una tasa verde impulsada desde Bruselas que sirve para penalizar la generación eléctrica a partir de fuentes fósiles y emisoras de carbono.
La generación eléctrica vía gas se ha convertido en la energía de respaldo de un sistema que busca ser renovable con la eólica y la fotovoltáica. Esto es un problema debido a la alta dependencia gasista en Europa. Rusia y Argelia se frotan las manos en este escenario ya que les permitirá renegociar sus acuerdos a largo plazo con los socios comunitarios. Los impuestos, a su vez, exacerban esa subida porque no son fijos sino variables en forma de porcentaje. Es compatible recaudar más con un IVA al 10% con precios a 170 euros MWh que al 21% y un precio de la luz mayorista a 60 euros.
Por último, las eléctricas que son a la vez generadoras y comercializadoras dan rienda suelta a su posición privilegiada como compradores y vendedores a la vez en las subastas del 'pool' eléctrico. Como dice el refranero, están en misa y repicando. Además, el sistema marginalista de asignación de precios hace que las subastas eléctricas estén dirigidas por la energía más cara, situación que dispara el margen de aquellas fuentes de generación que tienen un coste más bajo, es decir, todas menos el gas natural que alimenta las centrales de ciclo combinado. Si esta última marca habitualmente los precios, ¿tiene sentido que entre en la misma subasta ‘pool’ que la hidroeléctrica, la nuclear, la eólica o la fotovoltáica?
Todos coinciden en culpar al gas, pero en realidad están señalando el gran problema del mercado eléctrico europeo: su diseño. El vicepresidente la Comisión Europea, Frans Timmermans, defensor del Pacto Verde europeo, ha intentado zafarse de las críticas hacia la 'tasa' del CO2 culpando a los precios del gas pese a que la compra de derechos de emisión está indexada a la producción eléctrica con este combustible tan vital. Lo que no ha hecho el comisario europeo es valorar las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez con la política de “detraer” de las grandes empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) los teóricos beneficios extraordinarios que obtienen las eléctricas al subasta a precio de gas la generación nuclear e hidroeléctrica. Moncloa obvia un pequeño detalle: son las mismas empresas que venden las que luego tienen que acudir a comprar a la subasta.
La crisis de la factura eléctrica amenaza con hacer descarrilar la recuperación económica. En Reino Unido, donde el precio de la luz en libras multiplica la subida registrada en la zona euro, algunos grandes consumidores ya están comenzando a cerrar fábricas como en el caso de la industria de fertilizantes, cuyo impacto se traslada a su vez a la agricultura, la ganadería y, en última instancia, a la distribución alimentaria. Bank of America estima que los gobiernos del euro deberán promover de manera urgente ayudas públicas por valor de entre 24.000 y 39.000 millones de euros para compensar a los consumidores.
Lo pueden y deben hacer debido a los “beneficios extraordinarios” y “caídos del cielo”, parafraseando la jerga de Moncloa, que está provocando en la recaudación pública los precios récords de la luz. Según Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola, “el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad, sobre todo en un escenario como el actual con un elevado precio del CO2, es la Hacienda Pública”, como aseguró en junio en la Junta de Accionistas de la compañía. Esto también es verdad, aunque sea a medias como la versión del Gobierno. De los tres costes principales que se cargan al consumidor (energía, costes regulados e impuestos), solo uno es la ‘materia prima’ o tecnología utilizada para producir electricidad.
Según datos del Banco de España, los costes regulados de la tarifa eléctrica ascendieron a 17.627 millones de euros en 2019, el año pre pandemia. De esta elevada cifra, los subsidios a las renovables suponen el 40%, mientras que los pagos por la distribución son el 29%, un 15% por el transporte y otro 15% por los déficits de tarifa generados en el pasado. Visto de otro modo los llamados peajes suponen algo más de un tercio (6.981 millones de euros) de los costes regulados y casi dos tercios (10.736 millones) son los llamados cargos que financian a través del recibo de la luz decisiones de política energética que no están relacionadas con el coste de generar electricidad, ni con el gas y el CO2. Toda esta carga de 17.627 millones de euros y todavía no hemos entrado en la fiscalidad tradicional. Antes de las últimas medidas gubernamentales, el recibo de la luz incorporaba el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) del 5,1% y el de valor añadido (IVA) del 21%. ¿Les parece ahora el gas tan culpable como lo pintan?
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