Los fondos europeos: una nave a la deriva

Soy aficionado a la mar y a navegar a vela, no lo negaré. Todavía recuerdo la primera vez que subí a un velero y la seriedad de un amigo que ejercía como nuestro patrón. Cumplimiento de órdenes sencillas y directas para garantizar el buen desempeño durante la travesía y donde toda la tripulación sabía cuál era su cometido. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y mucha es la experiencia acumulada, que si de algo me ha servido, es para saber que antes de navegar el barco debe estar “a son de mar” y durante la travesía aprovechar el viento para navegar en ceñida con las velas bien cazadas y lograr una buena velocidad de crucero.

No sé si la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, tiene experiencia en navegación. Sinceramente, lo dudo, porque su concepto de “velocidad de crucero”, cada vez que se refiere a la ejecución de los fondos europeos, difiere bastante del mío y creo acertar si digo que también difiere sensiblemente de lo que piensan la mayoría de las empresas de este país.

Cuando diseñaron el marco con el que “gobernar la nave” de los fondos europeos era obvio que tenía graves problemas. Un sistema opaco y poco transparente, centralización de las decisiones en Moncloa, trabas burocráticas y falta de cogobernanza eran las características principales que dejaba entrever ese RDL 36/2020 que todavía no han sido capaces, más de un año después, de tramitar como proyecto de ley tras incontables prórrogas en la tramitación que sonrojarían a cualquier gobierno.

En un análisis reposado del cuaderno de bitácora del gobierno se observa que es la incapacidad en la gestión el rasgo común a toda su acción: escasa ejecución en los fondos europeos, unas ayudas a la solvencia con requisitos que han provocado que las CCAA no las puedan gestionar, fracaso en el Ingreso Mínimo Vital que solo ha llegado a un tercio de las personas prometidas o las recientes medidas para paliar los problemas que desde hace nueve meses arrastramos por la inflación (agravada en el último mes por la invasión rusa de Ucrania). Cuando han tenido que trazar el rumbo en decisiones importantes han fallado.

No solo es un problema de quien está al timón, también es de una tripulación sin capacidad de gestión ni liderazgo. Fue el 4 de marzo de 2021 cuando la ministra de industria anunció el lanzamiento del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Ha costado un año ponerlo en marcha. Si hay un ministerio que ha pinchado en la ejecución de los fondos europeos en 2021, es el ministerio de industria, incapaz de llegar a unas obligaciones netas reconocidas del 9% en los más de 1.700 millones de euros que tenía asignados.

Este concepto, el de obligaciones reconocidas netas, no tiene nada que ver con la ejecución real de los fondos europeos y su llegada al tejido empresarial. Como han dejado claro los recientes informes de la AIREF o el Banco de España, su impacto en el crecimiento de 2021 ha sido nulo, es más, la falta de información ha sido una reclamación constante, no disponiendo de un dato actualizado de ejecución real en términos de contabilidad nacional desde el pasado mes de agosto cuando la IGAE publicaba la raquítica cifra de 104 millones de euros.

El balance del año constata varias realidades. La primera es que el gobierno se ha afanado en distribuir créditos para inversiones a las CCAA sin un diálogo que les permitiera flexibilidad y adaptabilidad a la realidad y necesidades de los territorios. De hecho, el MRR financiará inversiones que a futuro generarán gasto estructural sin clarificar cómo se financiarán, aunque ya se lo anticipo yo, a costa de las CCAA. (Sirva de ejemplo, entre otros, la creación de la Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo)

En muchos casos, directamente se anteponen criterios ideológicos a la eficacia y eficiencia en la aplicación de los fondos, como la financiación de primeras experiencias profesionales para jóvenes, pero solo en la administración pública, ¡por qué no en las empresas! o directamente se diseñan inversiones solo desde la óptica pública dejando fuera la iniciativa privada.

La segunda es que la necesidad de arrojar unas mínimas cifras de gestión de los fondos ha provocado que en ocasiones no se opte por las inversiones más eficaces y eficientes para incrementar nuestro potencial de crecimiento y generar empleo estable. Sirvan de ejemplo la financiación de medios audiovisuales del auditorio del centro Santamarca del SEPE, los 4 millones de euros en publicidad del Ministerio de Inclusión, el servicio de mediación cultural del Museo Reina Sofía para estimular al público en sus recorridos por el museo, financiación de estancias en el extranjero para autores literarios… en definitiva, una lista sin fin de convocatorias con escaso impulso tractor para nuestra economía.

Esto es lo fácil, como resolver los problemas de liquidez de diferentes organismos. Ninguna queja podrá tener ADIF, Red.es, el INCIBE, el CDTI o los centros dependientes del ministerio de Ciencia e Innovación por la lluvia de millones que han recibido.

En tercer lugar, cuantas veces hemos escuchado que los fondos no se debían utilizar para financiar líneas ya existentes o inversiones que serían más propias del presupuesto ordinario. O la queja de las empresas por la fragmentación de convocatorias, la dificultad para concurrir y los escasos días de plazo. Todavía el BOE está publicando resoluciones de convocatorias que provienen de los meses de septiembre u octubre de 2021, constatando que muchas de ellas se han lanzado con plazos de 10 días, 7 días o incluso plazos inferiores entre su publicación en el BOE y la fecha de finalización de recepción de ofertas. No es de extrañar que el BOE informe de convocatorias donde solo han acudido una o dos empresas.

La nave del gobierno está sobrepasada por el mar de fondo de 2022, con las velas hechas jirones, sin tripulación y sin rumbo. Todavía resuenan los ecos de la propaganda gubernamental que hablaban de que por cada euro del plan de recuperación se movilizarían cuatro euros de dinero privado. La realidad es que la AIREF acaba de expresar que el efecto multiplicador por cada euro inyectado por el plan de recuperación se reduce de 1,2 a 0,9, y conocemos que solo el 16,6% de las empresas tienen previsto solicitar los fondos europeos.

Es la consecuencia de una España donde prima la inseguridad jurídica y una pérdida de competitividad que desincentiva la inversión. La inflación es ya estructural, sin alternativas claras al incremento de los costes energéticos, con un BCE que reducirá compras masivas de deuda y anuncia posibles subidas de tipos, empresas más endeudadas y un entorno laboral que ha perdido flexibilidad y cuya temporalidad debería dejar de medirse por la relación entre contratos indefinidos y temporales, para hacerlo en función de la duración de los contratos.

Penas y olas nunca vienen solas, así que lo mínimo que podemos pedir es que tengamos un patrón que nos lleve a buen puerto. Y Galicia es tierra de marinos.