Domingo, 19.11.2017 - 08:05 h

Junqueras ya es el máximo responsable del 1-0 y activa la compra de urnas

En menos de una semana, cinco altos cargos del Govern han presentado su dimisión. El último ha sido el director del 112, Federic Aran.

Junqueras ha asumido hoy las competencias que corresponden para activar el referéndum del 1-O, entre ellas, la compra de urnas.

Reunión semanal del Govern

"Habrá urnas y estarán llenas de votos". Así de tajante se mostró Junqueras tras el maremágnum que está viviendo el Govern con la oleada de deserciones que está sufriendo en sus filas, algunos por no estar de acuerdo con la deriva que está tomando el PDeCAT, otros porque no están dispuestos a asumir las responsabilidades penales y patrimoniales consecuencia del 'procés'.

A 75 días del 1-O, el equipo de Puigdemont ya ha dado un paso fundamental: dejar en manos del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, la organización de procesos electorales.

Según consta en el decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, se modifican las competencias de la Conselleria de Economía, ya que el presidente tiene la facultad de determinar el número, denominación y ámbito de competencias de los departamentos. Ahora será Junqueras quien pilotará el 'procés'.

[Lea aquí el decreto completo]Activan la compra de las urnas

El siguiente paso, que marcará el pulso secesionista del Gobierno catalán y que podría suponer una ruptura de los partidos independentistas, también se ha activado: la compra de urnas.

El portavoz del Govern ha explicado que "se ha iniciado y compartido los diversos itinerarios para la compra de urnas. Todo lo haremos en el marco de la legislación vigente", ha detallado en rueda de prensa después de la reunión semanal del consejo Ejecutivo.

"Nos tenemos que concentrar en que las urnas estén bien llenas. Cada vez hay más gente que quiere votar", ha continuado. Sin embargo, no ha querido explicar quién asumirá responsabilidad por la adquisición. "Todo lo que hagamos en referencia al referéndum es en nombre del Goven. Las noticias las tendrán cuando hayamos completado el itinerario.Todo el Govern es corresponsable de todo lo que envuelve el referéndum del 1-O. Y esto es un honor, no ese ningún problema", ha zanjado.

La Generalitat da por hecho que la adquisición motivará una querella por prevaricación, desobediciencia y malversación, como ya sucedió con la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, cuando inició el concurso para la compra que quedó desierto.

Precisamente para garantizar que ningún miembro del Ejecutivo corre la misma suerte que su compañera y conseguir que las responsabilidades se asuman de forma colegiada, Junqueras y Romeva han asumido estas competencias que corresponden, sobre todo, a la Consejería de Gobernación. Borràs, así, evitaría una segunda querella ya que quedaría exonerada de una nueva compra de urnas, que será directa y sin concurso.

Puigdemont pretende así paliar uno de los grandes problemas a los que se enfrenta su partido: nadie quiere asumir en solitario el mal trago de tener que sentarse ante un tribunal. Pocos miembros del PDeCAT entienden que el President parezca estar dando casi todo el poder a Oriol Junqueras, mientras los únicos costes judiciales los han asumido miembros del partido presidido por Mas. Apuestan por una solución que no deje las decisiones, que no la responsabilidad, en manos de un forzado compañero de viaje, pero con el que no terminan de casar ideológicamente.Cascada de dimisiones

El último en renunciar a participar en una consulta ilegal ha sido el director del Centro de Atención y Gestión de Llamadas 112 (CAT112) de la Generalitat, Federic Aran, que ha dimitido de su cargo en la Consellería de Interior por lealtad al exconseller Jordi Jané.

Otro de los argumentos esgrimidos por Aran es que con su dimisión pretende facilitar al nuevo titular de Interior que pueda diseñar un equipo de su confianza.

Un día antes fue el turno del director general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle. Conocida era su postura acerca del 1-O: la policía autonómica debe ser políticamente neutral e imparcial y debe cumplir y hacer cumplir la ley. Ante el dilema que se plantearía si se llevaba a cabo una consulta, Batlle lo ha tenido claro y ha presentado su dimisión al recién designado conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

No ha sido el único en abandonar un barco cada vez más a la deriva. El viernes pasado, Neus Munté (Presidencia), Jordi Jané (Interior), Meritxell Ruiz (Enseñanza) y el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, dijeron adiós a sus cargos, siguiendo la estela del consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, que fue cesado tras apuntar que no temía tanto entrar en prisión, como los riesgos “contra el patrimonio” que podría sufrir, porque afectarían a su familia.

No es poco lo que se juegan, económicamente hablando. Entre todos, suman un patrimonio que supera los 4 millones de euros, con el consejero Josep Rull a la cabeza: solo él tiene declarados bienes por un valor aproximado de 920.000 euros.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de desobediencia está penado con una sanción económica de 6 a 18 meses y el de malversación, de 12 a 24 meses “si la defraudación supera los 250.000 euros”. En lo que respecta a la cuantía, la legislación establece el sistema de días-multa con un mínimo de dos euros y un máximo de 400 por jornada y otorga a los jueces la potestad de fijar la cuota “teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y demás circunstancias personales”.

Con todo, la compra de urnas será un primer pulso que permitirá no solo iniciar los pasos hacia el referéndum, sino también tomar el pulso al Gobierno central y a los tribunales para ver cómo actuarán ante este nuevo desafío secesionista. Previendo la situación, Santamaría ha aprovechado la Conferencia de Presidentes para lanzar un aviso a navegantes: "Si optan por despeñarse, por no asumir el fracaso de lo que están planteando hasta el 1 de octubre, en estos meses tendrán una respuesta por parte del Gobierno y de las instituciones del Estado".

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