El Supremo confirma las condenas de Correa, Crespo y 'El Bigotes' por Gürtel

  • La sentencia también estipula una multa de 3,9 millones de euros para cada uno de ellos por tráfico de influencias. 
Francisco Correa durante una declaración
Francisco Correa durante una declaración

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo de 13 años de prisión, de Álvaro Pérez 'El Bigotes' a 12 años y 3 meses, y de la exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez de 9 años en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso. La Sala II del alto tribunal ratifica íntegramente todas las condenas que recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones del 2005 al 2009 a través de las empresas de la trama.

Se trata de la primera causa relacionada con la Gürtel que ya tiene sentencia firme en el Tribunal Supremo tras desestimar los recursos de casación de los once condenados por el TSJCV. La sentencia ratifica también las condenas de 6 años para Isabel Jordán, la administradora de varias empresas de la trama Gürtel; de 4 años y 4 meses para Cándido Herrero, el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en la Comunidad Valenciana), y de 3 años para Mónica Magariños, una exempleada de las empresas de Correa.

Además de los citados, la resolución confirma las condenas del ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la "causa de los trajes", a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente.

Junto a las penas de prisión, la sentencia estipula que Correa, Crespo y Pérez deberán abonar multas de 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias. También establece que los tres cabecillas más Milagrosa Martínez, Jordán, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat valenciana con 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.

El Supremo confirma que la Gürtel era una asociación ilícita y destaca que la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía.

Los hechos probados de la sentencia del TSJ valenciano, dictada el 8 de febrero de 2017, relatan las irregularidades cometidas por directivos y empleados de empresas de la Gürtel, y por la consejera de Turismo, técnicos, políticos y funcionarios de ese departamento en Valencia, para adjudicar los contratos para Fitur. Para este fin, constituyeron la empresa Orange Market, que se relacionaba directamente con la Consejería y con las otras sociedades del entramado, y a quien se hacían las adjudicaciones.

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