Gabilondo se ha referido así, preguntado por los periodistas tras la firma del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, al informe de la UCO que ve irregularidades en un contrato firmado por la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, que concedía la gestión de la cafetería de la Cámara regional a la empresa de Arturo Fernández, quien ha reconocido que donaba dinero a Fundescam, la fundación vinculada al PP de Madrid y utilizada supuestamente para la financiación irregular de esta formación política.
"Me parece necesario que se den explicaciones y yo valoro que se den. Otro asunto es que sean satisfactorias o no. Yo las escucho y las respeto, pero además de las valoraciones hay algunos hechos. Y uno de ellos es que estar en la Comisión de Expertos y a la vez estar en la Comisión de Contratación de la Asamblea es algo que no se puede hacer legalmente. Esa es la verdad. Otro asunto o no es que si eso tiene que ver con la financiación irregular del PP. Ahí están los jueces", ha manifestado.
Lo que sí ve son "las coincidencias" mencionadas anteriormente, pero insistiendo que serán las autoridades judiciales las que pueden o no transformarlas en indicios. "Y por eso espero que se aclare sabiendo hasta qué punto hay una relación entre las decisiones que se adoptan en la Asamblea y lo que puede ser la financiación de algún partido y eso le corresponderá a los jueces", ha concluido.
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