La tramitación de las autorizaciones solicitadas por la minera australiana Berkeley para explotar un yacimiento de uranio en Retortillo (Salamanca) es anómala por su duración y la documentación presentada en cada etapa del proceso ha sido de escasa calidad. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena, manejará las dos ideas en la comparecencia prevista el 12 de abril en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que fue aplazada en marzo. Además, Serena detallará el contenido de cinco cartas, cuatro de Berkeley y su entorno y una con fecha de 2019 del entonces director general de Energías y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, que el CSN interpreta como presiones para acelerar la luz verde al proyecto.
Serena informará al Congreso dos meses y medio después de que comunicara a la Abogacía del Estado y al presidente de la Comisión de Transición, Juan Lopez de Uralde, que estaba recibiendo"solicitudes e insinuaciones impropias" de la multinacional. Desde la primera denuncia, el CSN ha seguido trabajando en la solicitud de autorización de construcción de la planta de procesado de mineral. Hay informes de cinco áreas técnicas y restan todavía al menos otros ocho hasta que el pleno del CSN analice la Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) definitiva. Las cosas van despacio.
Esa lentitud ha sido la característica del "dossier Berkeley" desde el inicio del proyecto hace una década. El licenciamiento de los planes se resuelve habitualmente en dos o tres años, explican fuentes conocedoras de los trabajos del CSN. Pero en el caso de Berkeley la medida ya es de lustros. En parte, admiten fuentes del supervisor, la prolongada tramitación se debe a la "escasa calidad" de la documentación presentada por Berkeley en cada paso administrativo, lo que ha obligado, apuntan, a solicitar ampliaciones de información. La propuesta dedictamen depende, en todo caso, de dos cargos clave del CSN, el secretario general (Manuel Rodríguez) y la directora de Protección Radiológica (María Fernanda Sánchez Ojanguren). Ambos tienen autonomía en sus funciones y ambos fueron nombrados en la anterior etapa de Gobierno del PP.
Un reguero de cartas
Serena abordará el estado de los trámites y explicará por qué envió a la Abogacía del Estado las cartas recibidas del entorno de Berkeley. Las cartas proceden del director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, con fecha de 8 de julio de 2019; del presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, Francisco de Paula Bellón, con fecha de 16 de octubre de 2020; del socio director de Herbert Smith Freehills Spain, Miguel Riaño, con fecha de 10 de diciembre de 2020; de la World Federation of Investors (WFI), con fecha de 31 de diciembre de 2020; y de María Fernández Conradi, directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) - 7 de enero- en la que se pide que “sin mayor dilación” que el CSN “adopte el acuerdo de concesión”.
Tras lo que el CSN y su presidente Serena consideran "solicitudes impropias" hay una carrera de fondo. Berkeley quiere la bendición a su proyecto antes de que el Congreso apruebe la Ley de Cambio Climático del Gobierno que ha finalizado el proceso de debate en ponencia. La norma contiene una enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que prevé la no admisión de nuevas solicitudes "para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas (...)" relacionados con yacimientos de minerales radiactivos.
Berkeley sostiene que la nueva ley sólo afectará a proyectos futuros y no al que ya tramita en España.Asegura que, a pesar de la enmienda, "no se cancelará ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos”. Es un optimismo obligado. Berkeley Minera, filial de Berkeley Energia Limited, tiene un 67% de sus acciones en la Bolsa de Madrid y ha demostrado en el pasado una gran sensibilidad a las noticias relacionadas con los trámites administrativos de sus planes.
Oferta de inversión
La compañía australiana explica que ha invertido ya 94 millones de euros en el plan minero en Salamanca. Pero ofrece más. Ese dinero es solo la cuarta parte de la inversión total -400 millones- que estima ahora para el proyecto, con un horizonte temporal de 14 años. Cuenta con una segunda baza: el empleo. El grupo dice haber recibido 25.000 solicitudes de trabajo. Un caramelo atractivo para el Gobierno en un momento de crisis económica y destrucción de empleo.
El grupo minero australiano ha elegido al bufete Herbert Smith Freehills para preparar la batalla legal si llega el caso. El despacho es un bufete anglo australiano que también aterrizó en España hace diez años. Desde entonces, el bufete se ha fajado en grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, financiaciones y en el asesoramiento integral de proyectos de sectores de energía, infraestructuras, minas o inmobiliario, entre otros. El director de la firma en España, Miguel Riaño, fue el secretario del consorcio creado por Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Indra e Ineco, entre otras empresas, para construir el tren de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí)
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