El partido ha registrado una moción en el Congreso en la que insta al Gobierno a cumplir una resolución del Consejo de Europa que ampara el independentismo en el ejercicio de la libertad de expresión.
El objetivo es llevar a cabo el aumento salarial reconocido en el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, lo que supondrá un aumento del 5,26% en su salario anual (2.430 euros más).
Los 'populares' han reclamado a Sánchez que el plácet a la renovación del órgano lleve aparejado un cambio en el modelo de elección de los jueces para que sean ellos los que escojan a sus representantes.
La forma en la que el Gobierno ha planteado el ascenso de la fiscal general del Estado tras su cese ha suscitado duras críticas entre los miembros de la carrera y los partidos políticos de la oposición.
El portavoz del PSOE en el Congreso confía en el que el nuevo líder del PP colabore en el relevo del órgano y culpa "exclusivamente" a Casado del bloqueo de este órgano, que lleva más de tres años en funciones.
La ministra de Justicia ha asegurado que el Gobierno está garantizando el suministro frente a las protestas, que ya alcanzan su cuarto día, de "un grupo de ultras que están intentando someter a este país" .
La asociación UPSJ convocó varias jornadas de protesta para reclamar una mayor subida salarial y asegura que el 60% de los letrados de la Administración de toda España se han sumado a la reivindicación.
Funcionarios de Justicia afirman que solo algunas administraciones autonómicas han trasladado las medidas a aplicar. El Ministerio asegura que se están llevando a cabo tareas para la seguridad informática.
Supone la prohibición mediante sanciones de hasta un millón de euros de cualquier represalia contra la persona que denuncie un hecho y posibilita su anonimato.
Los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo.
El Colegio de Letrados de la Administración de Justicia ha señalado que tampoco es cierto que aceptara que el acuerdo de los sindicatos generalistas con el Ministerio de Justicia sobre adecuación salarial sea "definitivo".
En una nota del departamento de la ministra Pilar Llop se explica que la reforma afecta al Real Decreto 1130/2003 y al Real Decreto 2033/2009.
Llop desestima el recurso presentado por la Fundación Hay Derecho en el que se advertía de "irregularidades".
El debate se ha visto salpicado por ataques de ERC y Junts a la institución fiscalizadora, que ha llegado a ser tachada de "franquista", un término que ha sido retirada por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha informado de que ha registrado la solicitud tras conocerse que la Abogacía no se ha personado formalmente en la causa.
La entonces presidenta de la Sala de lo Penal del órgano judicial alertó al Ministerio de Justicia de la necesidad de encontrar un espacio de grandes dimensiones para juicios con un centenar de acusados.
La ANAVA-RC alertó de que en la disposición final segunda de la norma incluye una modificación en el IRPF que supondría un impacto para los perjudicados por ese tipo de accidentes al gravar las indemnizaciones.
Se pide que tenga efecto la votación en el Senado de la enmienda a la Ley de Lucha contra el fraude fiscal, donde se rebajaba este impuesto indirecto en este tipo de establecimientos y que fue anulada por Llop.
La norma forma parte de las tres que están en tramitación parlamentaria que el Gobierno ha impulsado como reformas estructurales dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se han concentrado la Alianza por la bajada del IVA al 10% a Peluquería y Estética y todas las asociaciones representativas de la imagen personal, colectivos y plataformas responsables de la campaña.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha mostrado su deseo de que pueda haber nuevo CGPJ antes del próximo mes de marzo, cuando está previsto que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visite España.
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues, dimiten cinco meses después del relevo en el Ministerio.
El órgano de gobierno de los jueces muestra su apoyo a la petición realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que solicitó un complemento salarial para frenar la "desertización" de la planta judicial.
Corresponden a la programación de 2021, y de cuatro plazas de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haciéndose efectivas algunas de ellas en este mismo año.
CCOO ha avisado de que la convocatoria "provocará el cierre de órganos centrales como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Fiscalía General del Estado.
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