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Las claves de la nueva ley de vivienda que el Gobierno aprueba este martes

El texto se aprobará como anteproyecto de Ley, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley "antes de que termine el año". 

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Las claves de la nueva ley de vivienda que el Gobierno aprueba este martes
Europa Press

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, con la intención de enviarlo al Congreso como 'proyecto de ley' "antes de que termine el año". El asunto no es baladí, pues hablamos de la primera ley de vivienda que llega tras casi un año de tensas negociaciones entre los socios de Gobierno y que terminaron llegando a un pacto justo antes de presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así las cosas, el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales verá este martes la luz, con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario. Veamos, a continuación, algunas de las claves de dicha ley. 

Alquiler de vivienda

El anteproyecto permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas.

Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10 % sobre la última renta del contrato anterior, según fuentes conocedoras del texto. La distinción entre arrendadores que son personas físicas y jurídicas no ha gustado a las organizaciones sociales impulsoras de la ley, que este lunes volverán a movilizarse frente al Congreso para pedir esa y otras modificaciones.

Zonas tensionadas: qué son y en manos de quiénes están 

Las zonas tensionadas son aquellas regiones que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido de los alquileres, que ha supuesto que los hogares tengan una carga financiera. De momento, y a no ser que con la nueva Ley se fijen nuevos baremos, se denominan así aquellas áreas en las que el gasto medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona.

Según el anteproyecto, la declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30 % de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC, señalan las fuentes.

El movimiento de vivienda quiere que la declaración de zona tensionada se pueda pedir solo con que se cumpla una sola de esas dos condiciones, en lugar de las dos simultáneamente. Reclaman también que los municipios tengan autonomía para aprobar la declaración y no dependan de la autorización del correspondiente gobierno regional.

Impuesto a viviendas vacías

Otras partes de la Ley estarán vinculadas a la fiscalidad. La mayor novedad está en el recargo especial sobre las viviendas vacías, por el que se permitirá a los ayuntamientos subir el IBI hasta un 150%. Esto supone que se cree de facto el conocido como "impuesto a la vivienda vacía", que era una demanda de los morados desde su nacimiento. Los parques públicos de vivienda recibirán un impulso con el nuevo marco.

Vivienda protegida, alquiler social

La apuesta implicará que se reserven el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de ese porcentaje deberá destinarse a alquiler social, apuntan las mismas fuentes de UP. Tanto en lo del IBI como en el control de precios, la última palabra la tendrán las comunidades autónomas y los consistorios. Las competencias de vivienda están transferidas a ambas administraciones, por lo que son las encargadas de definir las políticas de vivienda que rigen en sus territorios. La nueva norma les permitirá renovar o adaptar sus estrategias en la materia. Es decir, les habilitará para ello. Pero no habrá obligación de cumplir a rajatabla las medidas que se integrarán en la legislación de carácter estatal.

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