Ayudas Gobierno 2022

La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito.

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Se trata de una cuestión susceptible de pacto, salvo que el propietario/arrendador sea una persona jurídica, en cuyo caso la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos impide su repercusión al arrendatario.

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El artículo 36.1 establece como obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad en los arrendamientos de vivienda.

Ayudas Gobierno 2022

Con la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado se esgrimen nuevas ayudas enfocadas a los más jóvenes de las que se pueden beneficiar desde el pasado 1 de enero de este año.

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Un contrato de arrendamiento de vivienda entraría en este supuesto, una vez se hubieran cumplido los cinco años de vigencia (o siete, si el arrendador fuera persona jurídica).

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Se presume que el arrendatario es el responsable del deterioro o la pérdida de la cosa arrendada, salvo que acredite que se haya producido sin mediar culpa suya.

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Lo que sí establece la Ley de Arrendamientos Urbanos con carácter imperativo es que, si el plazo de duración fuera inferior a un año –por ejemplo, seis meses-, se entenderá pactado por un año.

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Se trata, por tanto, de declarar la diferencia entre los ingresos percibidos de su arrendatario en concepto de renta (la fianza no, pues su objeto es ser una garantía para el arrendador) y los gastos deducibles.

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La esencia del delito de estafa es que alguien produzca un engaño bastante grande como para inducir a otra persona a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o de tercero.

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La norma establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato de arrendamiento corren a cargo del arrendador, si es persona jurídica, sin que sea válido un pacto en contrario.

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El arrendatario podrá solicitar que el contrato se prorrogue de manera extraordinaria hasta un periodo máximo de 6 meses con las mismas condiciones establecidas para el contrato en vigor. 

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Lo primero que deberán comprobar, por tanto, es si en su contrato de arrendamiento se hizo constar de forma expresa la posibilidad de denegar la prórroga por esta causa tras el primer año de vigencia. 

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