"Esa persona que acompaña al comprador en la operación más importante de su vida -a nivel económico- requiere de un cierto control. Actualmente hay mas de 30.000 personas que ejercen la actividad de intermediación inmobiliaria pero solo 4.000 ostentan la titulación de un colegio". Así explica Vicenç Hernández Reche, presidente de la Asociación Nacional API, a 'La Información' el panorama de estos expertos y la necesidad de regulación que existe en el mercado.
El experto considera que la transacción de la compraventa de un inmueble es muy compleja. Intervienen muchos factores propios de la negociación, trámites jurídicos y fiscales, y circunstancias emocionales. Para él, "el factor emocional tiene una repercusión muy importante y los clientes necesitan de un profesional con una visión transversal del sector para asesorarles de forma correcta. El perfil del intermediario es de suma importancia. Sin embargo, la profesión se está desprestigiando porque, lastimosamente, muchos usuarios se encuentran con profesionales que no están a la altura".
Esta libertad no siempre existió. La profesión estuvo regulada por el Estado hasta el año 2000. Había que pasar unas oposiciones y cumplir con ciertos requisitos, como tener una carrera universitaria, para poder ejercerla. La situación 21 años después es muy distinta. El mercado se liberalizó y ahora cualquiera puede ser intermediario. Vicenç Hernández Reche explica que, "en mi opinión, esto tiene más consecuencias malas que buenas" por la desprofesionalización que ha sufrido el sector.
La asociación trata de cubrir ese hueco. El experto comenta que su grupo acoge a los profesionales no titulados y les ofrece formación y otro tipo de servicios para mejorar en su actividad. Al mismo tiempo, la organización cumple la función de ser un "sello de calidad" al obligar a los miembros a firmar un código ético que garantiza el buen hacer de la profesión.
La pandemia ha significado un antes y un después para este mercado. Los agentes han pasado de ser profesional que se dedican a la intermediación, por la que cobran una comisión, a expertos que acompañan a los usuarios a lo largo de todo el proceso de compraventa. Hernández Reche asegura que "ya no hablamos de comisiones, sino de honorarios por servicios. Con esta fórmula se cambia el foco. Antes, lo que estaba en el centro era el inmueble y ahora el cliente ocupa el lugar central. Esto requiere que los intermediarios tengan todavía más conocimientos, y desde la asociación hemos trabajado para poder dárselos".
¿Qué viene ahora? API aboga por la regularización de la profesión. El presidente de la asociación considera que "si queremos que esta profesión tenga el estatus que debe tener por encargarse del acompañamiento en una de las decisiones mas importantes de la vida de las personas -la compra de una vivienda-, lo que no puede ser es que cualquiera pueda estar en el mercado. Para ejercer la abogacía existen muchos requisitos, al igual que para trabajar de médico. Lo mismo debería ocurrir con un profesional que acompaña a los usuarios en una decisión de gran envergadura. No pido que volvamos al modelo colegial, sino al asociativo, pero de forma regulada para que todos los que ejerzan la profesión puedan dar al usuario una garantía de que están en las mejores manos".
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