El tiempo que pase hasta que la Ley de Vivienda sea una realidad es una incógnita. Con su base ya definida por el pacto entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, el contenido final de la norma aún está por afinar. El cierre de esos flecos es lo que motiva que no exista una fecha para su aprobación en el Consejo de Ministros. Este retraso no será el único para que el contenido de su articulado afecte a la actividad del sector inmobiliario, a los propietarios de pisos o los inquilinos. A esos plazos hay que sumar los meses de tramitación parlamentaria. También la moratoria de 18 meses que el Ejecutivo aplicará para activar medidas como el control de precios del alquiler. Lo que provocará pueda estar activa al completo cerca de octubre o noviembre de 2023. Momento en el que tocaría celebrar las elecciones generales.
El mapa político del momento en el que eche a andar del todo la Ley de Vivienda puede ser muy distinto al actual. 2023 será determinante en el terreno político por ser el que aglutinará todos los procesos electorales relevantes. Y en este caso, aún más relevante por ser autonomías y consistorios las que deberán ejecutarla. De dilatarse hasta el último trimestre de ese año, los gobiernos autonómicos y municipales pueden ser muy distintos a los actuales. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida optarán a la reelección en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Si las logran, encabezarán ese rechazo a la aplicación de la norma. Las regiones que controlará el PSOE serán el otro punto de interés, ya que se espera que estas sí apliquen la regulación de precios.
El primer paso es el su discusión en el Consejo de Ministros. Las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que aún no se ha determinado la fecha. Unidas Podemos quiere que su paso por la mesa que comparten el presidente y los titulares de cartera se produzca cuando antes. Unas prisas que fueron rechazadas por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que señaló que su aprobación sería más adelante. Lo que conllevará que acumule aún más retraso del que ya experimenta, que supera los ocho meses. Hay que recordar que el primer acuerdo entre socialistas y morados fue en octubre de 2020, con el compromiso de que estuviera aprobada antes de febrero de 2021. Las discrepancias por asuntos como la intervención del mercado del alquiler impidieron el pacto hasta esta primera semana de octubre de 2021.
La otra clave está en la 'vacatio legis' de 18 meses que impulsará el Ejecutivo. Esto supone que entre su publicación en el BOE y su entrada en vigor tendrá que pasar año y medio. Dicho tiempo se justifica con dos motivos. El primero es por el propio interés del Gobierno, que utilizará ese margen para que el Ministerio de Transportes actualice su índice de precios. Dicho indicador será el que se utilice para establecer qué zonas están tensionadas. Las bases de ese indicador son que el inquilino deba destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la renta o que el arrendamiento se haya elevado cinco puntos más que el IPC en los últimos cinco años.
El otro tema es la de dar tiempo a los grandes tenedores para que adapten sus ofertas de vivienda en alquiler a la legislación. Las personas jurídicas que tengan diez o más propiedades disponibles para los inquilinos dispondrán así de ese tiempo extra para que se determine el régimen de precios en el que deberán moverse. Esto ayudará a que el sistema sea más preciso y se le dote de más seguridad para los fondos o promotoras afectados. Algo que han reclamado desde el sector. Fuentes del mismo consultadas por La Información aseguran que la norma "ya está haciendo mucho daño" y que supone un "cambio de reglas del juego". Por lo que advierten de que está por ver cuántas firmas están dispuestas a asumir la nueva legislación en ese tiempo de reflexión del que disfrutarán.
Los meses en el Congreso
Entre la aprobación en Consejo de Ministros y el inicio de la moratoria, el examen estará en las Cortes Generales. El Congreso será el destinatario del Proyecto de Ley que remitirá Moncloa. A partir de ahí, la cámara la someterá a varios procesos que suelen alargarse una media de cinco meses. Fuentes parlamentarias señalan que tiempo puede acortarse o alargarse levemente. Todo dependerá de la voluntad de los grupos y de lo que propongan sobre un texto que se prevé que sea complejo. El control de la Mesa de la cámara que tienen PSOE y Unidas Podemos puede ayudarles a acelerarlo. Pero las dudas de los socios de la coalición y la negociación de enmiendas serán las que marquen su paso por el Parlamento. Sin los votos de ERC o Bildu no podrá salir adelante, dado que el PP o Vox ya han anunciado que votarán en contra.
La tramitación marca que primero se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas durante 15 días. Tiempo que puede extenderse si alguno reclama un aplazamiento. Después, se discutirán las enmiendas a la totalidad en el Pleno. Tras el debate correspondiente, si se aceptan, el proyecto decaerá y se devuelve al Gobierno. Si se rechazan, será el momento de votar las que planteen una redacción alternativa. En el caso de que alguna enmienda tenga respaldo mayoritario, se enviará a la Comisión de Transportes y se abrirá un nuevo plazo para proponer modificaciones.
Después, será el turno del informe de la ponencia que elaborará la Comisión correspondiente, para lo que tendrá otros 15 días. Pasado ese tiempo, los diputados que formen parte de la misma lo discutirán y emitirán un dictamen que se remitirá al Pleno. Si logra el aval del hemiciclo, se enviará al Senado, donde se repetirá parte del proceso anterior. Solo si los senadores introducen enmiendas volvería al Congreso para ser discutido. En caso de que supere este episodio, se dará por hecha su aprobación y se informará al Gobierno. Posteriormente, se publicará en el BOE y se activará esa moratoria de 18 meses. Las fuentes consultadas insisten en que solo se puede garantizar su activación en ese último trimestre de 2023. El mismo de esas generales en las que Pedro Sánchez se jugará seguir en Moncloa.
