Tras la sorpresa, ha llegado la rectificación. Tres semanas después de que el Gobierno elogiara la ley catalana de vivienda en una respuesta parlamentaria, ahora se hace una corrección a sí mismo. Moncloa ha usado la misma vía por la que respaldó la "eficacia" de la norma impulsada por la Generalitat de Cataluña, que fue avanzada por La Información, y ha remitido al Congreso una ampliación de su polémica réplica. En su nuevo texto, el Ejecutivo se desmarca de todo lo que planteó el Ministerio de Derechos Sociales, controlado por Unidas Podemos. Por lo que deja claro que "no se está elaborando una ley específicamente dirigida a regular los precios del alquiler". Un planteamiento defendido por el PSOE que choca con el de la formación morada, que insiste en incluir la intervención de los precios en la norma para dar su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado.
Esta autoenmienda se produce tras las gestiones que acabaron con que la cartera que dirige Ione Belarra se encargara de las cuestiones que plantearon varios parlamentarios después de que el Ministerio de Transportes no lo hiciera. Algo que llevó a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes a reclamar una respuesta al departamento de la ministra morada, como ya relató este diario. Dicho texto fue validado por ese departamento, dependiente del Ministerio de Presidencia, y que es el que se encarga de hacer llegar al Parlamento las cuestiones dirigidas al Gobierno. La conclusión de aquello fue que Moncloa daba todo su apoyo a las ideas de UP de que el ejemplo a seguir es la ley catalana. La cual incluye ese control de precios de alquiler en zonas tensionadas.
La nueva postura del Ejecutivo ante el Congreso sí está redactada esta vez por el Ministerio que dirige Raquel Sánchez. En la que se deja claro que el camino a seguir por la parte mayoritaria de la coalición es muy distinto al que pretende el socio minoritario. Además de la frase de que la norma no estará "específicamente dirigida a regular los precios", hay otros fragmentos que evidencian una lejanía de la opción de intervenir el mercado. Para empezar, destaca que el objetivo son medidas que "propicien una mayor oferta de vivienda a precios asequibles". Pero señala como punto clave "el apoyo de un sector de la construcción e inmobiliario que es estratégico en la creación de empleo y actividad económica". Lo que es todo un aval para las empresas a las que afectaría ese control de precios al que aspira Unidas Podemos.
Posteriormente, la respuesta detalla los objetivos de la futura legislación. A modo de listado, señalan que perseguirán la regulación de las políticas de vivienda "como servicio público de interés" general o el blindaje de la función social de la vivienda. También resaltan que habrá un desarrollo de los parques públicos o un refuerzo del derecho de una casa digna a un precio asequible. Además, se promete un incremento "la planificación y cooperación interadministrativa" de la materia para entender mejor las necesidades de los ciudadanos. Unos principios en los que no está incluida esa bajada de precios por medio de la intervención del Estado, tal y como hace la Generalitat de Cataluña en su territorio.
Por si quedaban dudas de que no se contempla el control de los alquileres, Transportes señala que lo mencionado anteriormente permitirá "el establecimiento de una regulación eficiente e instrumentos útiles al servicio de las Administraciones territoriales competentes para afrontar los problemas de la vivienda". Un conflicto que la cartera controlada por el PSOE achaca a "la escasez de oferta de alquiler a precios asequibles, especialmente en determinadas localizaciones". El papel del Estado se limitará a dotar de mayor financiación las políticas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Como recuerdan, en las cuentas de este ejercicio se incluyeron "más 2.250 millones de euros destinada a políticas de vivienda, rehabilitación y agenda urbana".
Los PGE, en el alambre
Este golpe sobre la mesa del Ministerio de Transportes llega en un momento en el que la negociación entre PSOE y Unidas Podemos por la legislación estatal se encuentra atascada. Fuentes de los morados señalan que no hay posibilidad de acuerdo por el momento "por la negativa a aceptar la regulación de precios" de los socialistas. Algo a lo que los de Ione Belarra y Yolanda Díaz no están dispuestos a renunciar. Como insisten, el acuerdo de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluía la futura aprobación de mecanismos para rebajar los precios. Además, aluden al compromiso de octubre de 2020 que sirvió para desatascar los PGE. Y en el que se incluyó esa intervención de zonas tensionadas.
Un año después, la situación es muy parecida. El anteproyecto para las cuentas de 2022 sigue sin salir adelante por el rechazo de la confluencia de Podemos e IU a respaldarla. La condición es la normativa estatal de Vivienda. Por lo que las diferencias de hace 12 meses vuelven a ponerse sobre la mesa. Entonces, el PSOE cedió y se comprometió a que habría un control en las zonas tensionadas. Fuentes de UP señalan que los socialistas "quieren acuerdo rápido para cumplir los plazos del presidente de los PGE. Pero si no se cumple lo firmado...". Como admiten las mismas fuentes, "la cosa está tensa" tanto en las conversaciones que mantienen por los Presupuestos como por la Ley de Vivienda.
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