El Gobierno está estudiando la aplicación de diferentes mecanismos sobre las licitaciones adjudicadas en materia de infraestructuras, con el objetivo de revisar los precios y dar respuesta al incremento del coste de las materias primas. Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su participación este viernes en el XII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la Movilidad, organizado por Deloitte y ABC.
"Ya nos hemos comprometido y estamos analizando varios mecanismos en los diferentes procesos de contratación, como los que lleva a cabo Adif, para hacer una revisión necesaria de los precios y poder distribuir los riesgos de manera justa y proporcionada", ha asegurado. Sánchez ha confirmado que ya mantiene conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que permita revisar los contratos afectados por el incremento que están registrando desde hace meses las materias primas necesarias para la construcción. No obstante, ha precisado que cualquier ajuste de precios tendrá que tener en cuenta la parte afectada que es coyuntural y la que es estructural, sobre todo al tratarse de contratos que se desarrollan en el largo plazo.
El pago por las carreteras, pendiente
Por otra parte, la ministra ha vuelto a referirse a la necesidad que tiene España de reflejar en la fiscalidad las externalidades, sobre todo la de contaminar, que representa el uso de las infraestructuras, siendo la carretera el causante de más del 90% de la contaminación del transporte. En este sentido, Sánchez ha hecho alusión al compromiso que el Gobierno ha adquirido con Bruselas de tarifar el uso de las autovías a partir de 2024, con el objetivo de asegurar que se dan las condiciones de seguridad necesarias para su uso.
La titular de Transportes ha justificado que el objetivo de la Unión Europa es claro, alcanzar la neutralidad en 2050, y que actualmente ya se paga por el uso de todas las infraestructuras menos por el de las carreteras. En cualquier caso, Raquel Sánchez ha insistido en que cualquier cambio se hará con el consenso de todo el sector, de los agentes implicados y de las Comunidades Autónoma, para alcanzar un nuevo sistema "justo y progresivo".
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