En medio de una crisis migratoria y otra sanitaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido mirar hacia el futuro y presentar el plan 'España 2050'. En materia de vivienda, el Gobierno de coalición ha puesto énfasis en que "el 88% de nuestra población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi a la mitad de sus habitantes actuales. Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y menos sostenibles, y problemas como el acceso a la vivienda o la segregación social se agravarán". Para mitigar el efecto, los dirigentes han propuesto impulsar la creación de vivienda pública y social, intervenir la vivienda vacía y regular los alquileres con exenciones fiscales.
En concreto, el Ejecutivo planea incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social a través de la compra de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas; y fomentar el alquiler de la vivienda vacía ofreciendo garantías suficientes a la parte propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada. Para ello ha propuesto la creación de bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público-privados que contribuyan a una mejor gestión. Además, el plan presenta la creación de un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas, con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión.
El informe explica que acceder a una vivienda digna y adecuada se está volviendo cada vez más complicado. El endurecimiento de los requisitos de concesión de los créditos bancarios tras la crisis financiera, unido a la elevada temporalidad del mercado laboral y a los bajos salarios, han dificultado la accesibilidad a la compra. Lo ha hecho, sobre todo, en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, y entre los segmentos de población con menor capacidad de ahorro.
Los problemas se agravan y el Gobierno estima que la demanda de vivienda social se duplicará en la próxima década. Ante este posible aluvión de solicitudes, el Gobierno reconoce que no podrá hacer frente a las necesidades de todos los ciudadanos y plantea que en este contexto, podrían ir ganando relevancia otras fórmulas de tenencia alternativas a las tradicionales de compra o alquiler, como la propiedad temporal o la propiedad compartida. Los políticos esgrimen que la economía colaborativa también podría irrumpir en el mercado de la vivienda de nuestro país.
En cuanto a la huella ecológica que deja el ladrillo, el Gobierno se ha marcado como objetivos elevar el volumen de energía generada mediante paneles fotovoltaicos en los tejados, de modo que, en 2050, una proporción alta del total de energía solar producida en el país provenga de esta vía. Otra meta 'verde' es promover la eficiencia energética de la edificación residencial a través de la rehabilitación para que se reduzca el consumo de energía en el parque de vivienda existente en torno a un 35% para 2050.
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