Tras aproximadamente 15 meses de incertidumbre desde que se iniciara la solicitud de rescate, la negativa a Abengoa por parte de la SEPI ha desatado una tormenta y un enfrentamiento abierto entre la entidad y el Gobierno. Los argumentos para decidir si la compañía andaluza es o no elegible para recibir 249 millones de euros centran el debate estos días. Por un lado, los ejecutivos de la firma aseguran que la compañía sí merecía entrar en el listado de empresas apoyadas por la SEPI; por otro, en el fondo de solvencia de la SEPI (Fasee) ha pesado más el miedo al riesgo que el optimismo, por lo que se ha inclinado por un no a la compañía pese a recibir alegaciones.
Paradójicamente, compañía y empresa pública apoyan sus principales conclusiones -una diametralmente distinta de la otra- en los mismos informes. Se trata de los trabajos que llevaron a cabo el asesor legal, PKF Attest, y el financiero, Grant Thornton, desde el pasado verano. Los dos expertos, que ya obligaron a reformular el rescate meses atrás respecto a su planteamiento inicial, entregaron sus conclusiones después de Semana Santa, para que la SEPI realizara el último análisis y se pronunciara de manera definitiva.
Sobre el contenido de estos informes, La Información avanzó en mayo que desde el área legal como de la financiera coincidían en los altos riesgos que conllevaba el rescate, principalmente en lo que respectaba a la no devolución del dinero a seis años y al plan de viabilidad. No obstante, también matizaban que las seis filiales de la matriz sana de Abengoa que todavía no está en concurso de acreedores, denominada Abenewco 1, podían ser elegibles y, por tanto, la última palabra la correspondía en todo caso al propio Gobierno.
Y así ha sido. De acuerdo a la documentación consultada, el informe final fue elaborado por la SEPI y firmado por dos de los miembros del Fasee, Julián Mateos-Aparicio y César Hernández, para posteriormente ser entregado a Abengoa con el objetivo de que presentara alegaciones antes del 30 de junio. A largo de sus 11 páginas, los ejecutivos del Fasee centran su rechazo en Abengoa en varios puntos, entre los que destacan dos: el origen de la crisis económica de la compañía mucho antes del coronavirus -hablan de 2018- y el extenso listado de pleitos, algunos con el propio Gobierno o con empresas de titularidad estatal, como es el caso del cártel ferroviario frente a Adif.
En suma, la# SEPI es taxativa en su informe sobre dos requisitos que están fijados en la orden ministerial de su fondo. El primero es probar la viabilidad a medio y largo plazo (apartado 2.f) y el segundo es presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un claro calendario de amortización (apartado 2.g). La SEPI, sin embargo, no se pronuncia sobre otra docena de condiciones de obligado cumplimiento que marca la normativa, como la importancia sistémica de la empresa (apartado 2.m) o si el cese forzoso de la actividad de Abengoa tendría un elevado impacto negativo sobre la economía de una región de España (apartado 2.e).
Abengoa contraataca
La interpretación de los trabajos es totalmente distinta para Abengoa. Así lo dejó claro en un mensaje a la plantilla el presidente de Abenewco 1, Juan López Bravo, que aseguraba que la SEPI había rechazado el rescate de la compañía pese al visto bueno de los asesores. Tesis similar publicó el responsable de recursos humanos de Abengoa, Pablo Barrasa, en sus redes sociales horas antes de conocer el rechazo definitivo a la firma andaluza. "El Gobierno no puede salvar a Pachá y dejar caer a Abengoa, referente mundial en agua y energía", dijo días más tarde en una entrevista.
Está previsto que López Bravo y el resto del consejo se pronuncie en este sentido nuevamente en otro consejo de alto voltaje previsto para este jueves. En este cónclave, los administradores deben decidi qué filiales de Abenewco 1 van a concurso de acreedores ante el fin de la moratoria concursal. Las filiales que dependen de esta sociedad son Abengoa Energía, Solar, Abener, Abengoa Operación y Mantenimiento e Inabensa.
Este jueves se ha convocado al consejo de administración de Abengoa y Abenewco para decidir el futuro del grupo
El análisis de Abenewco ni siquiera es unánime entre los propios accionistas de Abengoa. Clemente Fernández, líder del bloque de accionistas de Abengoashares y conocido por oponerse al plan de rescate conjunto de SEPI con Terramar, tacha los trabajos de PKF Attest y Grant Thornton como "demoledores" para el grupo de ingeniería. Además, niega que de este análisis se pueda interferir que las filiales de Abenewco 1 sean elegibles.
La SEPI, por su parte, no se ha pronunciado públicamente, aunque se espera que también haga balance esta semana, coincidiendo con el final del plazo para ejecutar ayudas desde el Fasee. Este instrumento extraordinario, que se habilitó con dinero de Bruselas tras la crisis del coronavirus, ha inyectado finalmente 3.255 millones en 30 expedientes, rechazando muchas de las solicitudes recibidas, además de la de Abengoa. En suma, han quedado casi 6.345 millones de euros por adjudicar, más de la mitad de todo el dinero disponible.
Estos informes también han marcado la agenda política. El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afeado al Gobierno su decisión por haber ignorado los aspectos positivos del análisis de sus asesores. El Ejecutivo tampoco se ha quedado quieto y ha reprochado al gobierno regional que Abengoa no estaría en esta situación si la Junta no hubiese denegado 20 millones de euros vitales en los meses previos a la covid-19.
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