El Consejo General del Poder Judicial encarga un "diagnóstico" de los efectos de la ley de tasas

EFE

El Consejo General del Poder Judicial ha encargado a sus técnicos un "diagnóstico" de los efectos de la entrada en vigor de la ley de tasas en los órganos jurisdiccionales a los que afecta la norma, aunque ha renunciado a instar acciones para su derogación como pedía el Consejo General de la Abogacía.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa ofrecida para informar de los acuerdos del pleno del CGPJ y ha explicado que el referido a las tasas ha sido aprobado por una "amplísima mayoría": 19 votos a favor, el voto en contra del vocal Antonio Dorado, y una abstención.

El pleno ha adoptado esta decisión después de que el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, diera "cuenta" de la petición del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, de que el CGPJ acordara "cuantas acciones estime conveniente" para que el Gobierno "derogue" la ley de tasas "por causar perjuicios e indefensiones irreparables a los ciudadanos".

Aunque el Poder Judicial se ha desvinculado de las peticiones de Carnicer, ha considerado oportuno encargar a los servicios de estadística, inspección y análisis del CGPJ un seguimiento de la entrada en vigor de la ley y determinar en qué medida incide en la actividad de los órganos jurisdiccionales a los que afecta esta medida (todos menos el penal) y sus efectos.

Bravo ha destacado, que entre las competencias del Consejo está la de "garantizar el buen funcionamiento de los juzgados" y considera que "eso pasa por que el ciudadano tenga accesibilidad a la administración de justicia".

Por tanto, ha estimado necesario hacer un "diagnóstico de cuáles son los efectos de la ley" y, en su caso, "adoptar las medidas oportunas".

En su acuerdo, el CGPJ recuerda que ya cumplió con su función de informar sobre el proyecto de la ley de tasas el pasado 31 de mayo y ya mostró entonces la "preocupación" en aspectos como la "excesiva extensión de la obligación a pagar tasas" y su inclusión en determinados procedimientos, así como lo "desproporcionado" de la cuantía.

En ese informe, ha añadido la portavoz, se alertaba además de que la "desproporción" de las tasas pudiera afectar a la tutela judicial efectiva y por tanto considera que ahí quedaban ya "perfectamente clarificadas las observaciones técnicas del CGPJ", aunque la mayoría no fueron recogidas en "la médula de la ley".

Respecto a la petición de Carnicer de que el CGPJ instara a la Defensora del Pueblo y a los grupos parlamentarios para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, Bravo ha señalado que hacerlo sería incurrir "en exceso competencial".

En su reunión de hoy, el pleno ha nombrado en segunda votación y con trece votos a favor al abogado y doctor en Derecho Sebastián Sastre para cubrir la vacante que dejó Encarnación Roca en la sala primera del Tribunal Supremo tras su entrada en el Constitucional.

El pleno también ha acordado, por once votos a favor, ocho en contra y una abstención, anular el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional por el que se procedió al reparto de las 21 plazas de aparcamiento con que cuenta la sede que ahora ocupa este tribunal en la calle Prim, al estar de obras la tradicional de la calle de Génova.

De este modo, el CGPJ estima el recurso de alzada que interpuso el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al estimar que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional no era el órgano competente para adoptar esa decisión, que, a su juicio, había perjudicado a los fiscales que trabajan en ese tribunal.

Por tanto, corresponderá ahora al Ministerio de Justicia proceder al reparto de esas plazas de aparcamiento.