"La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba", afirmó Torres, exsocio de Urdangarin, en una entrevista difundida el domingo por la noche por el canal privado de televisión La Sexta.
Este lunes por la mañana se abre en Palma de Mallorca, capital de las mediterráneas islas baleares, un proceso por corrupción con 18 acusados, encabezados por Urdangarin y Torres, sospechosos de la supuesta malversación de más de 6 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2006.
Entre los acusados figura también la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina, segunda hija de Juan Carlos I y hermana del actual rey Felipe VI, por el presunto fraude fiscal en relación con cientos de miles de euros supuestamente obtenidos de forma ilícita.
En aquella época, el jefe de Estado era todavía Juan Carlos I, que abdicó en junio de 2014 con la popularidad por los suelos debido a una serie de escándalos, con éste a la cabeza.
Durante la instrucción, Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta Cristina, al rey Juan Carlos y a la Casa Real de todos sus negocios.
Torres asegura sin embargo que personas vinculadas al entonces monarca intervenían en las actividades del Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro en el centro de este caso, y les indicaban a él y a Urdangarin cómo gestionarlo.
"Tengo 300 correos relacionados con la Casa Real. Algunos son del Rey, efectivamente, otros son de otras personas", dijo, dando a entender que podría divulgar informaciones comprometedoras durante el juicio.
Enemistado con Urdangarin a raíz del escándalo, Torres aseguró no haber hablado desde hace ocho años con su exsocio, pero sí con el abogado de éste. Me pidió "que yo asumiera la mayor cuota de responsabilidad, a cambio de un dinero, y de un puesto de trabajo", afirmó.
Acusando a ambos de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales, la fiscalía pide 19,5 años de cárcel para Urdangarin y de 16,5 años para Torres.
La infanta Cristina enfrenta una petición de 8 años de prisión por parte únicamente de una acusación popular y podría acabar evitando el juicio si sus abogados logran que los jueces la desestimen.
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