Caracas, 21 mar.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció hoy la petición a un juzgado de una medida cautelar para que todos los medios de comunicación estén obligados a acompañar sus informaciones sobre la contaminación del agua de un informe técnico que las avale.
"He instruido en el marco de esa investigación al fiscal 20 para que solicite al tribunal de control una medida cautelar que consiste en que se le exija a los medios de comunicación que toda información relacionada con la contaminación del agua sea soportada con un informe técnico", anunció la funcionaria.
La petición de Ortega se produce al día siguiente de que el presidente Hugo Chávez exhortara a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo "a cumplir sus responsabilidades" y actuar contra opositores que denuncian una contaminación masiva del agua potable, lo que calificó de "terrorismo mediático".
El gobernador del estado central Carabobo, el opositor Henrique Salas, pidió la semana pasada al Gobierno que declarara el estado de emergencia en la región central del país por la contaminación del agua potable en ese estado, lo que, aseguró, afectaba al vecino estado de Aragua y al Distrito Capital.
Según Salas, la empresa encargada de la gestión del agua, Hidrocentro, estaba tomando el agua de lago de Valencia -en Carabobo- y mandándola directamente a la planta potabilizadora, donde le colocaban cloro y sulfato de aluminio, sin pasarla previamente por dos plantas de tratamiento.
La fiscal general aseguró hoy que tiene en sus manos las pruebas de que las aguas para el consumo humano del país se encuentran en condiciones óptimas, pues aseguró que en Venezuela se sigue un protocolo internacional avalado por la Organización Mundial de la Salud para controlar y garantizar que son potables.
"Tengo las pruebas en la mano porque se las pedí al ministro del Ambiente (Alejandro Hitcher) que me mandara la forma del seguimiento que se les hace a nuestras aguas para su consumo", apuntó Ortega.
El jefe de Estado inscribió ayer la polémica del agua en la "guerra sucia" de la que acusa a la oposición de cara a las elecciones que el 7 de octubre próximo decidirán el presidente para el período 2013-2019 entre él y el candidato opositor, Henrique Capriles.
Chávez remarcó que no le cabe duda de que así se incurre en algún delito y que ante ello no pueden "seguir siendo la República boba con el Gobierno bobo" que caracterizó sus primeros años de gestión, cuando, aseguró, "se conspiraba abiertamente" y nadie era castigado.
El presidente sostuvo que nadie ha presentado pruebas de esa contaminación, precisamente por tratarse, reiteró, de una "guerra sucia".
No se trata de eso sino de "agua sucia", respondió hoy a través de un comunicado la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y acusó al gobernante de amenazar y pretender "eludir con una mentira más" la responsabilidad de su Gobierno.
"Las angustias no se resuelven con amenazas. Lo lógico, presidente, es solicitar investigar las causas de los problemas existentes y los responsables", añadió la MUD y le pidió crear "una comisión científica independiente que tome las muestras de aguas necesarias, las analice y haga del conocimiento público los resultados".
Las denuncias de la calidad del agua en Caracas y los estados vecinos fueron antecedidas de una polémica por un ruptura de una tubería que esparció crudo sobre el río Guarapiche, en el oriental estado de Monagas, el pasado 4 de febrero.
Ese incidente obligó a suspender la distribución de agua en Maturín, capital de Monagas, durante casi mes y medio.
El gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, expulsado la semana pasada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras acusar a varios dirigentes de una campaña en su contra, manifestó sus diferencias con el Gobierno en la gestión de esa crisis.
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