El pasado 13 de febrero murió en Valencia el primer paciente por coronavirus de España. La fecha de su fallecimiento lo posiciona como la primera víctima mortal de toda Europa. Veinte días después, la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, relataba por primera vez el caso ante los medios. Apenas unas horas antes, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ponía fin a una comparecencia donde habló de protocolos y contagios, tratando hasta el detalle el futuro inmediato de los eventos deportivos dentro de las fronteras españolas. No hizo mención a fallecimiento alguno.
Desde que el brote desembarcó en el país el 31 de enero, la cartera de Illa y las consejerías de las CCAA se han pasado la pelota de la gestión de la brote ante el estupor de los profesionales sanitarios y las fuerzas de seguridad que, a día de hoy, todavía no tienen claro el plan frente a la epidemia. La forma en que la Comunidad Valenciana ha desvelado el caso de esta primera víctima mortal ha puesto de manifiesto la falta de coordinación imperante en el intento de gestión conjunta que las autonomías y el Gobierno central, han desarrollado frente a un brote que ya suma más de un centenar de contagiados en España.
No había motivos para anticipar el 'bombazo' que se escondía tras las declaraciones de Barceló. La consellera inició una rueda de prensa, a todas luces rutinaria, hablando precisamente de las últimas medidas contra el brote anunciadas por el titular de Sanidad: "Seguimos en la fase de contención, pero vamos a prohibir el público en los eventos deportivos con previsión de asistentes procedentes de las zonas de riesgo", comentaba. En tono vacilante, Barceló trataba de 'colar' la muerte del primer paciente con coronavirus de todo el país entre las razones para cerrar el partido Atalanta-Valencia y un minucioso análisis sobre por qué el esgrima también podía quedar sujeto a restricciones. Sin entrar en detalles hasta la ronda de preguntas.
"El paciente, en edad avanzada y de nacionalidad española, ingresó con una neumonía de origen desconocido en el Hospital Arnau de Vilanova donde falleció el 13 de febrero", relató la consellera. El hombre había enfermado desde su regreso de un viaje a Nepal y, en un principio, no se le realizaron las pruebas del Covid-19 porque el protocolo del Ministerio tampoco lo exigía. Y es que, según la representante valenciana, el plan de Sanidad no amplió las pruebas de detección hasta el pasado 27 de enero, cuando Illa decretó que se le practicasen controles a "todos los pacientes ingresados con neumonías que no se supiera de dónde venían". En realidad, el Ministerio aprobó el cambio de criterio dos días antes, el martes 25 de febrero, cuando acordó con las comunidades que se realizarían los exámenes del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales, que hubieran dado negativo a los tests para otros virus como la gripe común.
"Nosotros fuimos más allá", incidía Barceló. Mientras que en Sanidad decretaron el análisis de pacientes con neumonía, la Comunidad efectuó una investigación retrospectiva también en aquellas muestras que, por motivos clínicos, se tomaron a los enfermos ya fallecidos sin causa filial. Sobre la posibilidad de que la víctima cero hubiese podido contagiar a otras personas dentro del centro hospitalario Arnau de Vilanova, la consellera aseguró que ya se han tomado las precauciones necesarias y que, considerando que el periodo de incubación de la enfermedad ronda los 14 días, cualquier infectado por contacto ya habría presentado los síntomas.
Más allá de la polémica entre muerte "por" o "con" coronavirus, el baile de criterios impide descartar que, en los próximos días, se tenga constancia de otros fallecimientos vinculados al Covid-19, del mismo modo que la oleada de casos autóctonos a finales de febrero abrió nuevas dudas sobre un sistema de control que no reparó en el virus hasta casi veinte días desde su aterrizaje en el país. Desde Sanidad encadenan varias jornadas asegurando que todos sus esfuerzos se están dirigiendo a descifrar los vínculos de aquellos pacientes sin lazos aparentes con ningún área de riesgo. Mientras tanto, las competencias siguen sin quedar claras, como tampoco lo están los protocolos.
La 'patata caliente' de la responsabilidad frente al virus
En cuanto a la nueva 'hoja de ruta', el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, apuntó este martes que la cartera 'se lavaba las manos' y que serían las autoridades regionales las responsables de valorar los escenarios de sus territorios y actuar en consecuencia. "Entre este martes y el miércoles las comunidades tomarán las medidas más aplicables en su zona de todas las cuatro o cinco que están encima de la mesa", sentenció Simón. Poco después, desde la Comunidad de Madrid trasladaban a La Información que no habían actualizado el protocolo porque esta decisión tenía que tomarse conjuntamente con el Ministerio. En definitiva, nadie quiere la pelota de la epidemia en su tejado.
Más de un mes después de la llegada del coronavirus a España, la continua revisión de los protocolos se mantiene como la máxima de Sanidad, hasta el punto de que la cartera de Salvador Illa sigue sin definir un suelo firme sobre el que asentar una estrategia a nivel nacional. Apenas una vaga alusión a ciertas medidas en ciertos lugares -Simón apuntaba a Torrejón o Vitoria- sacaba a colación la posibilidad de cerrar escuelas o inclinarse por el teletrabajo. Ni siquiera en el seno de cada institución se apuesta por una única voz. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tomó la delantera este martes al anunciar restricciones de movilidad en el territorio; noticia que poco después tuvo que desmentir la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien admitió que el Ejecutivo regional aún no había previsto ninguna medida de tal calado.
El coronavirus ha sobrepasado el centenar de contagios en todo el país y los españoles siguen sin saber a qué atenerse. Los sindicatos de Policía y Guardia Civil piden protocolos más claros, los profesionales sanitarios más medios. El Gobierno de Euskadi ha tenido que pisar el acelerador con una oferta de empleo público 'in extremis' para sustituir a un centenar de facultativos, en aislamiento preventivo dentro de la región. La OMS ha elevado el índice de mortalidad del Covid-19 al 3,4% y los gobiernos asiáticos imponen cuarentenas a viajeros de riesgo. Mientras, las autoridades españolas llaman a la calma tras una hoja de ruta cuya mayor certeza es que los partidos del Valencia-Atalanta y el Inter-Getafe se jugarán a puerta cerrada.
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