A pedido de Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá en Nueva York para escuchar un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el "deterioro rápido de la situación en Burundi".
La comunidad internacional teme que se registren violencias a gran escala tras las declaraciones incendiarias con connotaciones étnicas de los elementos duros del poder.
Burundi, cuya historia ha estado marcada por matanzas entre hutus y tutsis, conoció hace unos años una larga guerra civil que entre 1993 y 2006 enfrentó una rebelión hutu a las Fuerzas Armadas controladas por la minoría tutsi.
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, cuya aspiración a un tercer mandato presidencial, provocó las protestas que sacuden al país desde hace seis meses, lanzó un ultimátum a los opositores que venció el sábado pasado.
Nkurunziza, reelecto presidente el 21 de julio pasado, en unas elecciones controvertidas, advirtió que después del fin del ultimátum la policía recibirá la orden de utilizar "todos los medios" para desarmar a los barrios opositores.
El domingo, las autoridades lanzaron una gran operación de búsqueda de armas en un primer barrio opositor, Mutajura, norte de Bujumbura.
El lunes las fuerzas de seguridad ampliaron las operaciones a los barrios vecinos de Cibitoke y Ngagara.
El lunes por la mañana, en Musaga, sur de la capital, cuna de las manifestaciones contra la reelección del presidente, "criminales armados" lanzaron un granada contra una patrulla, hiriendo a un policía, que replicó a la agresión, indicó una fuente de la policía que pidió el anonimato.
"Dos personas, entre ellas un estudiante que salía de su casa, murieron por culpa de esos policías que disparaban para cualquier lado", dijo un testigo del tiroteo.
El sábado, la presidencia intentó tranquilizar a la comunidad internacional y a los habitantes de los barrios en la mira de las fuerzas de seguridad.
"No habrá ni guerra ni genocidio" en Burundi, afirmó el sábado pasado Willy Nyamitwe, influyente consejero de Nkurunziza.
"No permitiremos que este país vuelva a caer en sus viejos demonios", agregó, refiriéndose a un informe del International Crisis Group (ICG) publicado el viernes que advertía del riesgo de una guerra civil.
Burundi corre nuevamente el riesgo "de posibles atrocidades a gran escala y de una posible guerra civil", dijo el informe del ICG, que denunció por parte de miembros del gobierno de una retórica similar a la del genocidio de los tutsis en 1994 en Ruanda.
Francia y Estados Unidos también denunciaron la retórica del campo presidencial y el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, criticó la impunidad generalizada que existe en Burundi.
La candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato hundió a Burundi en una grave crisis que en seis meses causó al menos 200 muertos y empujó a unas 200.000 personas a huir hacia los países vecinos, según la ONU.
La oposición y una parte del campo presidencial estiman que la Constitución y el acuerdo de Arusha que puso fin a la guerra civil no autorizaban a Nkurunziza a presentarse a un tercer mandato.
El fracaso de un golpe de estado militar a mediados de mayo, la represión de las manifestaciones y la reelección de Nkurunziza no impidieron la intensificación de las protestas, que ahora son armadas.
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