Jueces y fiscales van esta semana a la huelga


Cinco asociaciones de jueces y fiscales, entre las que no están ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ni la Asociación de Fiscales (AF), han convocado una huelga para el próximo miércoles 20 de febrero.
La decisión fue tomada hace dos semanas por la llamada Comisión Asociativa de Jueces y Fiscales, que se reunió en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.
De este encuentro salió la decisión de ir a la huelga para protestar por el “grave quebranto” que, según los convocantes, el Gobierno está causando a la Justicia con los recortes, las tasas judiciales e iniciativas legales que cuestionan la división de poderes.
El paro es respaldado por la asociación judicial Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. De la convocatoria se han descolgado la APM y la AF, que individualmente son mayoritarias en cada uno de sus colectivos profesionales.
No obstante, los convocantes consideran que representan a una mayoría de jueces y fiscales, puesto que creen tener el apoyo de estos funcionarios “en su conjunto” y de los no asociados, lo que da a la protesta “plena legitimidad”.
CRISIS INSTITUCIONAL
Las organizaciones que apoyan la huelga aseguran que esta convocatoria no es una medida grata, pero ven necesario adoptarla por el “grave quebranto” al que la Justicia está siendo sometida, en su opinión, por el Ejecutivo.
Denuncian que el Gobierno está poniendo en duda la separación de poderes con sus iniciativas legales, que atribuyen a que los políticos se quieren “blindar” frente a la acción de los tribunales. Asimismo, rechazan las tasas y los recortes como decisiones que debilitan al Poder Judicial.
Por otro lado, critican que el Gobierno quiere dejar sin funciones a órganos como el CGPJ, algo que consideran debe rechazarse ante la “grave crisis institucional” que a su juicio vive España.
En opinión de estas organizaciones, hace falta un Poder Judicial “fuerte” para hacer frente a los casos de corrupción a los que se enfrenta la sociedad española.
Otros motivos para convocar huelga son, indican sus impulsores, el “uso abusivo de los indultos” por parte del Gobierno y que se pretenda “privatizar” el Registro Civil. Además, creen que la reforma del Código Penal que prepara el Ejecutivo colapsará la jurisdicción penal, ya que elimina las faltas y las sustituye por delitos leves.

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