Nuevo choque de trenes entre el sector agrario y las políticas medioambientales de la Unión Europea. La Eurocámara ha aprobado este martes la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza, y que para su adopción definitiva queda pendiente del visto bueno de los países en el seno del Consejo Europeo. En concreto, el texto recibió el aval de 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, por lo que resta que los representantes de los Veintisiete confirmen también lo acordado en la negociación con la Eurocámara y la Comisión Europea. Todo ello, con el telón de fondo de los comicios europeos, que se celebrarán entre el 6 y 9 de junio.
Lo que se vio claramente durante la sesión. Los partidos de derecha y de centroderecha del Parlamento Europeo convirtieron la normativa en un caballo de batalla contra la agenda verde de la Comisión Europea, torpedeando su tramitación al calor de las crecientes protestas de agricultores en distintos países de la UE. En concreto, el grupo euroescéptico de los Conservadores y Reformistas Europeos y la ultraderecha de Identidad y Democracia presentaron una moción para rechazar la ley en su conjunto, mientras que el Partido Popular Europeo -primera fuerza del hemiciclo- había llamado a sus diputados a votar en contra de la norma.
Pero en la Eurocámara no existe disciplina de voto y en la mayoría de grupos se esperaban fugas, como es el caso de los populares irlandeses del Fine Gael, que habían anunciado que votarían a favor, y finalmente el texto fue aprobado por una cómoda mayoría. La Ley de la Restauración de la Naturaleza pretende que se reparen al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050, incluidas las tierras de cultivo.
Rechazo del campo
Desde COPA-COGECA, la principal organización agraria de la UE, en una carta abierta enviada a la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen "que las regulaciones adicionales como la Directiva de Emisiones Industriales (IED), la Ley de Restauración de la Naturaleza y la de desperdicio alimentario carecen de los medios, periodos de transición y financiación insuficientes". A juicio de la principal voz de los agricultores europeos, "esto debe ser corregido y reflejado, donde sea necesario, en los mandatos de la Eurocámara". En este sentido, creen que este tipo de normativas en su actual estado supondrán "una pérdida de competitividad, incremento de costes y carga administrativa para nuestros miembros, tan bien como malentendidos y rechazos".
