LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PIDE AL GOBIERNO QUE AUTORICE LA EXPLOTACIÓN DE GAROÑA HASTA 2031

La Junta de Castilla y León ha solicitado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que autorice la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el año 2031.
Esta es una de las alegaciones que figuran en el escrito remitido por el Gobierno autonómico al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el procedimiento administrativo abierto para decidir el futuro de la central nuclear burgalesa, en el que podrán participar otras 10 instituciones y organizaciones.
Según el Ejecutivo castellanoleonés, con la ampliación hasta 2031, la propietaria, la empresa Nuclenor, compuesta por Iberdrola y Endesa, podría amortizar la inversión que exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su último informe, en el que considera que la planta atómica puede operar con seguridad.
La Junta también recuerda que no existe una alternativa económica en esta zona, donde es además la principal industria, según explicó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.
En ese sentido, la Junta expresa su posición “totalmente favorable” a la explotación de la planta atómica, que se encuentra en situación de parada técnica desde diciembre de 2012, puesto que explica que de lo contrario se produciría una “merma” en la actividad económica y del empleo que según Del Olmo sería “inasumible” para Castilla y León.
La consejera recordó que la central daba trabajo cuando estaba operativa a unos 600 trabajadores de forma directa, si bien en determinados periodos, como las revisiones o recargas, puede alcanzar el millar.
Por ello, el Ejecutivo autonómico propone que la central esté operativa hasta el año 2031, es decir, otros 14 años, de acuerdo -recalcó Pilar del Olmo- al último informe del CSN y a la revisión periódica, que indican que la central cumple las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica.
Por otra parte, la Junta insiste en su escrito en la importancia de la energía nuclear para la economía nacional, puesto que según Pilar del Olmo se ofrece a un menor precio en el mercado eléctrico que la producida por ciclos combinados de gas natural.
Además, la consejera explicó que el Gobierno autonómico también advierte de que abandonar esta fuente, que junto con el carbón genera electricidad de forma más barata, puede provocar un incremento del precio de la electricidad, con “consecuencias nada buenas” para la competitividad de la economía del país y el gasto de las familias.
También plantea que Castilla y León cuenta con minerales autóctonos que proporcionan combustible a las centrales, como el uranio existente en la provincia de Salamanca. Asimismo, el escrito hace una mención a la existencia de carbón en abundancia en la Comunidad, que aseguró Del Olmo puede explotarse de forma competitiva si se realizan las inversiones necesarias en las centrales térmicas.
Por último, la Junta insiste en que el carbón y las nucleares son las fuentes de energía “más baratas”, por lo que su fin podría suponer para la consejera de Economía y Hacienda un “lastre” para la economía española.
Una vez superado este procedimiento de audiencia y estudiadas las alegaciones, el Gobierno tomará una decisión. El CSN hizo público su informe el pasado 8 de febrero y a partir de esa fecha se abrió un plazo de seis meses para pronunciarse sobre la renovación o no de la autorización de explotación de la central nuclear.
Las entidades personadas son, además de la Junta, el Parlamento vasco, los gobiernos de Euskadi, de Navarra y de La Rioja, la Diputación de Álava, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, la Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.