El adelanto de las generales al 23 de julio acelera la adenda al Plan de Recuperación

Con el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, el Gobierno ha pisado el acelerador para enviar a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y poder movilizar los 90.000 millones de euros a los que España todavía puede optar de los Next Generation (84.000 millones en préstamos y 7.700 millones en transferencias adicionales), así como a los 2.600 millones del mecanismo REpowerEU, aprobado para acelerar la transición energética. En realidad el Ejecutivo, que viene trabajando en este documento desde hace meses en varios frentes con autonomías, agentes sociales y grupos parlamentarios, tenía hasta el 31 de agosto para haber realizado este trámite. 

Sin embargo, el nuevo mapa político surgido de las autonómicas y municipales y la posibilidad de que la formación de un nuevo Gobierno tras las generales se complique, han llevado a Moncloa a actuar con rapidez, en línea con los mensajes que ha venido lanzando la Comisión Europea. "España debería garantizar una capacidad administrativa suficiente para asegurarse de que el plan se aplica a tiempo", explican fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por La Información, y llaman, además, al país a que mantenga el impulso en la aplicación de todo el paquete de reformas.

En el primer borrador del texto, que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, presentó a finales del año pasado, España se comprometía a dedicar más de 26.300 millones de euros de recursos públicos adicionales para reforzar los proyectos estratégicos. La propia Calviño ha confirmado que la versión definitiva de la adenda incluirá un programa de 22.500 millones de financiación del ICO para la modernización de las empresas españolas, especialmente pensado para las pymes (que concentran más del 90% del tejido productivo nacional), así como un fondo de 20.000 millones para inversiones sostenibles de comunidades autónomas, en cuya gestión colaborará el BEI.

Al mismo tiempo, se incorporan al texto un fondo de 1.000 millones para la "modernización y sostenibilidad" del sector turístico, se amplía el 'kit digital' para pymes de más de 49 empleados y se contemplan otros 2.200 millones de euros en incentivos fiscales para las inversiones verdes del sector privado, tanto de hogares como de empresas. Habrá, igualmente, una dotación especial para vivienda. Con la adenda, España pretende optar a una financiación en buenas condiciones para todas estas reformas hasta el año 2026. 

Financiación más barata con los tipos de interés elevados

En una coyuntura en la que el Banco Central Europeo ha tenido que endurecer su política monetaria y subir tipos para controlar la inflación, el país obtendrá financiación a un menor interés que la que logre el Tesoro Público y con plazos de amortización largos. No hay que perder de vista que España tendrá que seguir adelante con el proceso de consolidación fiscal, dado que a partir de enero del año que viene dejará de estar vigente la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Se recuperan, por tanto, las reglas fiscales y con ellas la obligatoriedad de los países de ceñirse a unos objetivos de déficit y deuda. De momento entrarán en vigor tal cual existían hasta que se apruebe la propuesta de reforma que ha preparado la Comisión Europea. España y Países Bajos confían en que los socios europeos alcancen un pacto sobre dicha reforma a finales de año, una vez que la Comisión Europea ya ha hecho públicos los detalles de su propuesta.

Sucederá, con toda probabilidad, durante la presidencia española del Consejo Europeo, a lo largo del segundo semestre. Una cita que también se ha visto afectada por el giro de última hora en el calendario electoral, mientras las cifras macroeconómicas parecen ajenas a tanto vaivén. El hecho de que la convocatoria en las urnas sea tan próxima La inminencia de las elecciones generales hace poco probable que la economía se vea negativamente afectada por la mayor incertidumbre, según los expertos consultados.

A medio plazo todo dependerá de la rapidez para formar gobierno y de la ambición de las medidas que se puedan tomar para acelerar los procesos presupuestarios o para avanzar en reformas de calado para enfrentar los retos que tiene por delante España (una deuda que cerró el año pasado en el 113,2% del PIB, un déficit que despidió en el 4,8% o una tasa de paro que sigue muy por encima de la media europea, entre otros).