La solidaridad entre las regiones, con unas estructuras poblacionales y laborales muy diferentes, ha servido hasta ahora para afianzar un sistema de pensiones único, sostenible y justo, pero en el que se deberán introducir reformas de calado a lo largo de la legislatura que ahora arranca si se quieren garantizar las prestaciones futuras en un contexto de envejecimiento de la población, en el que el ratio de cotizantes con respecto a jubilados se reducirá de forma imparable y en el que el retiro inminente de los 'baby boomers' se convertirá en un nuevo problema.
Pese a la recurrente petición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de gestionar la Seguridad Social -sin que ello implique, en principio, romper la caja única- y las reclamaciones de EH Bildu, que apuesta ahora por configurar un sistema propio de pensiones en Navarra que garantice una prestación mínima de 1.080 euros a cada ciudadano de la comunidad foral, lo evidente es que sin solidaridad interterritorial solamente seis comunidades y las dos ciudades autónomas podrían sostener a sus pensionistas, y no eternamente.
Así, el contraste de las pensiones en vigor a 1 de abril con los afiliados a finales de ese mes que facilita la Seguridad Social evidencia que a día de hoy, si la caja única, el sistema que garantiza que todos los españoles, independientemente de dónde residan, reciban prestaciones iguales en circunstancias de cotización idénticas, se rompiese en 17, solo Madrid, Murcia, Canarias, Islas Baleares y, a duras penas, Andalucía y Navarra podrían seguir pagando a sus jubilados.
Estas comunidades, junto a Ceuta y Melilla, son las únicas que mantienen un ratio superior a dos afiliados por pensionista, siendo Madrid y Baleares las regiones en las que la situación en más cómoda, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Galicia y Asturias, en las que apenas un trabajador sustenta a un beneficiario de pensiones y en las que la población con más de 65 años se acerca al 25%. De media, en España 1,97 afiliados sustentan a un jubilado, una situación insostenible, cuyo germen está, entre otras razones, en la precariedad laboral, los bajos salarios y la duración de tiempo durante el que se percibe una pensión, que se ha multiplicado por más de seis en los últimos 50 años.
Según destaca BBVA en un reciente informe, gracias a la solidaridad interterritorial -basada en la redistribución de las cotizaciones-, las regiones rejuvenecidas financian a las envejecidas, independientemente de si son ricas o pobres. Así, Canarias, con 2,48 afiliados por pensionista, complementa con sus excedentes de cotizaciones las pensiones pagadas en Asturias, donde apenas hay un cotizante por cada pensión. Mientras, las islas, donde la pensión media de las nuevas altas de jubilación son un 47% inferiores a las de Asturias, se benefician de la solidaridad en la distribución de las prestaciones, a través de los complementos de mínimos, que se concentran en los trabajadores que tienen carreras más cortas y con menor densidad de cotización.
¿El fin de las pensiones altas?
En las comunidades más ricas, como el País Vasco, Madrid, Cataluña o Navarra, donde se realizan las cotizaciones medias más altas, y en Asturias -con un elevado número de trabajadores procedentes de la mina y la industria-, se obtienen las pensiones más elevadas. Estas pueden ser hasta un 50% superiores a las que se cobran en Extremadura, la región, junto a Galicia y Murcia, donde son las prestaciones más bajas, debido, básicamente, a los escasos salarios de sus empleados. Las cotizaciones anuales medias en España ya son cuatro veces menores a las pensiones anuales, que se disfrutan durante 20 años frente a los 35 años de media que se cotizan a la Seguridad Social.
37 provincias al límite
La actual coyuntura, con tasas de desempleo elevadas, sueldos bajos, una pirámide demográfica invertida por la baja tasa de natalidad y una mayor longevidad -la esperanza de vida aumenta 16 meses cada diez años- y pensiones cada vez más importantes dibuja ya un panorama insostenible en 37 de las 52 provincias. La situación resulta especialmente grave en dos provincias gallegas -Ourense y Lugo- y León.
Ourense es sin duda la provincia española más castigada por el envejecimiento y anticipa el peor escenario de lo que puede pasar en el futuro a nivel nacional en el caso de que no se produzca una recuperación económica intensa, se abra la puerta a una entrada masiva inmigrantes, los ingresos de los trabajadores aumentan considerablemente, se prolonga la vida laboral o se buscan nuevas vías para pagar las prestaciones, entre otras cosas. En la provincia gallega ya hay menos ocupados que personas recibiendo pensión -110.100 frente a 113.776- y la situación tiene todos los visos de agravarse de forma inminente.
En el lado opuesto se sitúan provincias con un porcentaje elevado de jóvenes y con un alto volumen de trabajadores en el sector de la hostelería y el turismo, con cotizaciones elevadas, y que finalmente no se jubilan en la comunidad autónoma en la que trabajan durante años. En este grupo están las Islas Baleares y, también, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, que pese a todo tienen un nivel de desempleo algo más elevado y salarios más bajos.
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