El Consejo de Ministros dio el visto bueno a los trabajos para intentar sacar adelante una reforma de la Constitución con el objetivo de eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados y senadores en casos que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. La propuesta de reforma constitucional fue anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que protagonizó con motivo de los 100 primeros días de su Ejecutivo. En ese acto, Sánchez pidió "altura de miras" a los grupos parlamentarios para que esta reforma pueda salir adelante, una modificación que, en caso de que tuviera los apoyos suficientes, cree posible que se pudiera aprobar en el plazo de 60 días.
"Se trata de reducir el alcance de los aforamientos políticos, y ajustarlo al del resto de los países europeos. En la mayoría de países se permite el aforamiento de los miembros del gobierno en el estricto ejercicio de su función", declaró la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa. Según ha manifestado Celaá se pretende que el aforamiento deje de ser "un privilegio" y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Gobierno.
Para ello, ha pedido un informe al Consejo de Estado sobre cómo abordar esta reforma de la Constitución. Un trabajo que, dijo Celáa, espera que ayude a enfocar los cambios y que, según el Gobierno, "puede favorecer el logro del consenso". La emisión de este informe por parte del Consejo de Estado es preceptivo, ha recordado Celáa, por lo que no afectará a los plazos previstos. "El trabajo jurídico del Consejo de Estado debe ahormar el acuerdo". El Gobierno, ateniéndose a la ley orgánica que regula el Consejo de Estado, ha decidido encomendar la elaboración de este informe al que es máximo órgano consultivo del Ejecutivo y que preside María Teresa Fernández de la Vega.
El artículo 2.3 de esta ley señala que "el Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende.
"No creemos que se tenga que pasar de 60 días. La petición del informe de este cambio Constitucional, es preceptivo, pero no vinculante. Perfectamente cabe dentro del tiempo. No tiene por qué alargarse. Cuando el Gobierno inicia o actúa con decisión para hacer política, lo hace con el convencimiento de que vas a salir adelante. Hace política genuina, no de maquillaje. Hay una gran demanda social. Y por eso, pensamos, que las fuerzas políticas no deben tener un veto para esta medida. Creemos que estarán a favor de este proyecto".
Además, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asumido este viernes que la reforma de la Constitución propuesta por el Ejecutivo para reducir los aforamientos tendrá que ser sometida a referéndum si lo pide el 10 por ciento del Congreso de los Diputados. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celáa ha subrayado que la anunciada reforma afecta a diputados, senadores y miembros del Gobierno y ha dejado claro que la figura del Rey es "inviolable" y su modificación "no entra en absoluto" en este "paquete".
Según ha explicado, reformar la figura del monarca requeriría una reforma agravada de la Constitución, mientras que la propuesta del Gobierno exige su aprobación por tres quintos del Congreso. "Y si el 10 por ciento de la Cámara pide referéndum, habrá de realizarse", ha aceptado.
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