El Pleno del Congreso vota este jueves la Ley de Vivienda pactada por el Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu. El texto, que fija un tope a los precios de alquiler en viviendas de zonas tensionadas, reduce de diez a cinco el número de propiedades necesarias para ser considerado gran propietario y relaja las condiciones para que la Administración decrete una zona de mercado tensionado, incorpora además incentivos fiscales para los propietarios. La más destacada supone que la actual desgravación del 60% en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual será del 90% para los pisos de zonas tensionadas donde el arrendador baje más de un 5% el precio de dicho alquiler en relación al contrato anterior.
Ese ahorro fiscal compensará al propietario por lo que deje de obtener al rebajar el precio del alquiler, como muestran los cálculos que ha hecho el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en función de tres supuestos de rentas del trabajo incluidas dentro de los tramos donde hay más contribuyentes con vivienda en alquiler (se concentran fundamentalmente entre los 30.000 y los 60.000 euros). De acuerdo con los datos que maneja la Agencia Tributaria, hay un total de 2.806.435 contribuyentes que en su declaración de la Renta incluyen ingresos íntegros por capital inmobiliario.
Según las estimaciones del REAF, para un propietario soltero menor de 65 años y sin hijos con rendimientos brutos del trabajo de 60.000 euros que alquilaba su piso por 1.000 euros al mes y en adelante aplique a ese precio una rebaja del 6% (pasando a ingresar 11.280 euros anuales frente a los 12.000 euros que percibía con el contrato previo) el ahorro en el IRPF será de 1.240 euros frente a los 720 euros que dejará de percibir del inquilino. En el caso de un propietario con rentas del trabajo brutas de 26.000 euros el ahorro en la declaración será de 1.005,60 euros; mientras que para el arrendador con rendimientos del trabajo de 18.000 euros pagará 795,55 euros menos en renta. Los tres supuestos se han elaborado para una vivienda cuyo precio de compra fue de 300.000 euros.
A este incentivo fiscal se suma también una desgravación de hasta el 70% en el IRPF por alquiler de vivienda habitual cuando los propietarios incorporen al mercado nuevos inmuebles en zonas tensionadas, siempre que estos se alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años. Esta misma aplicará en los casos en que el arrendatario sea una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro que destine la vivienda al alquiler social (con una renta mensual inferior a la que fija el programa de ayudas al alquiler del plan estatal de vivienda) o al alojamiento de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Las desgravaciones fiscales y la oferta de vivienda en alquiler
Las desgravaciones fiscales o los incentivos para quienes alquilen sus viviendas a colectivos concretos, así como las garantías por parte de la Administración en caso de impagos, pueden animar a que más propietarios pongan sus inmuebles en el mercado, en opinión de Beatriz Toribio, directora Adjunta de Masteos, empresa especializada en inversión en alquiler. Desde su punto de vista este tipo de medidas contribuyen a ampliar la oferta de vivienda en alquiler y logran el efecto contrario a los topes de precios, que acaban generando más tensiones. Toribio lamenta que la ley que ha iniciado su trámite parlamentario genere inseguridad y dudas sobre cómo y quién va a aplicarla.
El problema puede agravarse en un contexto en el que el acceso a la compra de una vivienda se va a complicar por la pérdida de poder adquisitivo que trae consigo la inflación y por el encarecimiento de los costes de financiación a raíz de las subidas de tipos que el Banco Central Europeo (BCE) viene poniendo en marcha desde julio pasado para hacerle frente. Esas familias que no pueden acceder a una vivienda en propiedad optarán también por alquilar, por lo que la demanda aumentará aún más.
De momento, la nueva ley pasará al Senado una vez reciba mañana el visto bueno del Congreso, para volver a la Cámara Baja con tiempo suficiente y que pueda entrar en vigor de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Los grupos parlamentarios han convertido el problema del acceso a la vivienda en uno de los temas de la precampaña, con anuncios y propuestas como la de aumentar el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles.
El propio Gobierno Central se ha comprometido en los últimos días a movilizar 113.000 viviendas públicas con este fin. Las últimas han sido las 20.000 que el presidente, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa este martes y que se construirán en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Estas se suman las 50.000 acordadas por la Sareb y las 43.000 de nueva construcción que se financiarán con créditos del ICO. En total y, considerando las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, en los próximos años el Ejecutivo pretende habilitar unos 183.000 inmuebles.
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