Era una oportunidad que solo se presenta una vez cada siete años y tenían que aprovecharla. El gestor aeroportuario alemán, DFS Aviation Services, responsable de los servicios de control de tránsito aéreo en un buen puñado de aeropuertos regionales alemanes, en London Gattwick o en el aeropuerto internacional de Frankfurt; y el italiano Enav, que gestiona ese mismo servicio en régimen de monopolio en los 45 aeropuertos civiles de la red italiana, concurrieron con grandes expectativas al concurso abierto por Aena para adjudicar en tres lotes la gestión para un periodo de siete años de las 12 torres de control liberalizadas en 2011 por los responsables de la empresa por aquel entonces 100% estatal y ahora controlada por el Estado. Sus ofertas ni siquiera superaron el primer corte dispuesto por los responsables técnicos del concurso. Un fenomenal revés que DFS y Enav achacan ahora a la arbitrariedad y subjetividad de los criterios establecidos por Aena.
El negocio de más de 100 millones de euros asociado a este contrato quedó en manos de las dos empresas españolas que ya venían gestionando las torres de control liberalizadas por Aena: Saerco, la decana de las empresas privadas de servicios aeroportuarios en España; y FerroNats, la filial de servicios aeroportuarios del Grupo Ferrovial. Saerco, que en la actualidad ya gestiona las torres de control de los aeropuertos canarios de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, renovó la gestión de este lote y se hizo con el que agrupa a los aeropuertos de Vigo, Jerez, Sevilla, A Coruña y Cuatro Vientos, del que ahora se encarga FerroNats, por un importe conjunto de 58 millones de euros. El tercer lote, que incluye los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell, quedó en manos de la filial de Ferrovial por 43 millones.
A DFS y Enav no les convenció ni el resultado ni el procedimiento del concurso y optaron por recurrir la adjudicación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, y solicitar la suspensión cautelar de la adjudicación de los tres lotes del contrato a Saerco y FerroNats. Argumentan que su exclusión por no llegar a la puntuación mínima que exigía Aena en la valoración técnica de la oferta para poder llegar a la fase de la puja económica se basa en criterios subjetivos y juicios de valor, que han desembocado en una infraponderación del valor técnico de sus propuestas.
La alemana DFS centra sus críticas y la impugnación del procedimiento en la escasa puntuación obtenida en los criterios de valoración que no responden a ponderaciones automáticas, sino que están sujetos a un cierto grado de discrecionalidad y juicios de valor por parte del que valora la oferta. Denuncia, asimismo, que Aena les ha exigido un grado de conocimiento de los aeropuertos que era imposible que tuvieran al inicio del concurso; que se le ha penalizado por no presentar documentación que no se exigía en los pliegos; que por contra no se le ha valorado otra documentación adicional presentadas; y plantea las ya mencionadas discrepancias en torno a la puntuación obtenida en aquellos aspectos de valoración no objetivos.
Enav, por su parte, incide en el hecho de que la escasa puntuación obtenida por su oferta técnica, y la consiguiente exclusión del proceso, se sustenta en una serie de valoraciones de carácter subjetivo sobre las que discrepa abiertamente, pese a haber recibido el informe con la valoración realizada por Aena de ese criterio en las diferentes ofertas presentadas.
La ofensiva jurídica de las compañías consiguió suspender durante un par de semanas la firmeza de la adjudicación del servicio a Saerco y FerroNats pero no ha ido más allá. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha hecho público hace apenas unos días el archivo de ambos recursos principalmente por basarse en discrepancias sobre el segmento más discrecional de la valoración de las ofertas. El Tribunal recuerda a los operadores que su función no es valorar si esa parte de la evaluación se ha sustanciado de una manera más o menos justa o ponderada, sino simplemente si es ajustada a los procedimientos previstos en la legislación española sobre contratos públicos y recuerda que "la valoración realizada por el órgano de contratación se encuentra amparada por el principio de discrecionalidad técnica que ha de ser respetado por el Tribunal".
Cerrada por tanto la vía administrativa, DWS y Enav disponen ahora de dos meses a partir de la fecha de la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales para llevar el asunto si así lo estiman oportuno ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
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