La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pedirá al Gobierno modificar la norma que obliga a los intermediarios de alquileres turísticos a informar a la Agencia Tributaria. Este requerimiento es un "paso previo" para evitar la interposición de un recurso contencioso administrativo contra este real decreto, aprobado en diciembre, según ha informado este martes la CNMC.
La normativa establece que los intermediarios, como las plataformas Airbnb o Homeaway, estarán obligadas a remitir trimestralmente a la Agencia Tributaria información sobre el titular de la vivienda y las personas o entidades arrendatarias, entre otras cuestiones para prevenir el fraude fiscal.
Para el regulador, el real decreto no aclara quiénes son los sujetos obligados a proporcionar información y apunta que si se trata de entidades que no participan en todas las fases de la transacción podrían verse obligadas a soportar una carga que restringiría la competencia. También ve "innecesarios o desproporcionados" algunos datos requeridos como, por ejemplo, la identidad del titular de la vivienda cuando esta ha sido cedida o el número de días de uso, así como la obligación de conservar la documentación.
La Autoridad de Competencia de la Generalitat de Cataluña, la CNMC catalana, se adelantó en febrero a la nacional al alinearse con Airbnb en su conflicto con Hacienda, por considerar también desproporcionados e injustificados para combatir el fraude fiscal los requirimientos informativos de la Agencia Tributaria.
Dos periodos informativos
La obligación fiscal, aprobada por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2017, entrará en vigor en julio de este año, por lo que las plataformas de pisos turísticos tendrán el mes de octubre para informar a la Agencia Tributaria de los alquileres suscritos entre julio y septiembre. Para los datos del cuarto trimestre de 2018, tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2019, mientras que para dar cuenta de los alquileres suscritos en el primer y segundo trimestre de este año, la Aeat extiende la fecha hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de otorgar un plazo de adaptación de los sistemas de información al contenido de la nueva obligación.
La declaración habrá de presentarse vía el modelo 179 de Declaración informativa trimestral del arrendamiento de viviendas con fines turísticos, así como la forma, plazo y lugar de presentación, y el resto de datos relevantes para cumplir con esta obligación.
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