Baleares ha cumplido con sus advertencias. El gobierno de Francina Armengol ha multado con 300.000 euros a la empresa comercializadora de alquileres turísticos Airbnb por publicitar viviendas de Mallorca que carecen de licencia para el arrendamiento vacacional, algo prohibido por ley en las Islas desde el pasado mes de agosto.
La Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo ha comunicado la sanción a la empresa gestora de la web de alquiler, radicada en Irlanda, que tiene ahora 15 días para presentar alegaciones a dicha sanción. Aun así, la empresa ya ha anunciado que recurrirá la multa aunque no niega haber infringido la norma que impide publicitar viviendas para alquiler turístico que carezcan del preceptivo permiso de la Conselleria de Turismo. Aun así, cree que las leyes autonómicas "deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad", en lugar de "mantenerlos en manos de unos pocos".
El expediente considera que el comportamiento de Airbnb supone una infracción muy grave, puesto que aunque la empresa "ha sido advertida reiteradamente de que estaba cometiendo una ilegalidad", no ha cesado en su actividad.
En concreto, la sanción se debe a la comercialización de viviendas de Mallorca sin la declaración responsable de inicio de la actividad turística o sin indicar el número de inscripción en el registro obligatorio de inmuebles autorizados.
El de Airbnb es el primer expediente sancionador por infracción muy grave en Mallorca en virtud de la Ley de Turismo, que desde 2012 prohíbe el alquiler vacacional de viviendas en edificios plurifamiliares, aunque no fue hasta su reforma del año pasado que se estableció un régimen concreto para hacer efectiva esta prohibición.
Cambios legales desde el verano
La reforma de la Ley de Turismo impulsada por el Ejecutivo balear establece que cualquier publicidad de alojamientos turísticos tiene que incorporar el número de inscripción expedido por el Govern para las viviendas autorizadas para ser arrendadas por turistas. Además persigue como "oferta ilegal y actividad clandestina la publicidad y comercialización de viviendas" que carezcan de autorización para su uso turístico.
La ley define "canal de oferta turística" como "todo sistema mediante el cual las personas físicas o jurídicas, directamente o a través de terceros, comercialicen, publiciten o faciliten, mediante enlace o alojamiento de contenidos, la reserva de estancias turísticas en viviendas, bien sea por plazos de días o semanas".
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