Una parte del Gobierno de Pedro Sánchez respira aliviada después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado que no va a difundir los nombres de los 30.000 beneficiarios de la polémica amnistía fiscal de Cristóbal Montoro en 2012. Durante su etapa en la oposición, el líder del PSOE amenazó con dar a conocer las identidades de las personas que se acogieron a esta medida de gracia pero ahora, una vez en el Ejecutivo, Hacienda ha concluido que si lo hace infringiría la ley.
El PSOE de Sánchez se encontraba dividido en dos facciones que opinaban justo lo contrario sobre una amnistía fiscal que fue calificada por el ahora presidente del Gobierno como "la amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy". El secretario general de los socialistas era claro partidario de destapar las identidades, pero no todos en el partido estaban de acuerdo con él. En concreto, una facción de su entorno se mostraba contraria a levantar la confidencialidad sobre los amnistiados.
Existía, en efecto, un grupúsculo de dirigentes, que son quienes precisamente ahora respiran aliviados, que se oponían frontalmente a una publicación que, según consideran, solo les podría haber traído problemas. No daban pistas sobre si en esa lista se encuentran nombres de personas cercanas a los socialistas, sino que simplemente se manifestaban en contra, sin dar más motivos. Algunos de ellos eran destacados diputados y miembros del equipo económico que Pedro Sánchez montó en Ferraz después de ganar las primarias a Susana Díaz.
Las fuentes consultadas por La Información sitúan en esta oposición a difundir la identidad de los amnistiados fiscales al equipo económico que capitaneaba Pedro Saura, antiguo responsable del área en el PSOE y que acaba de desembarcar en el Gobierno como alto cargo de Fomento: secretario de Estado de Infraestructuras. El murciano fue uno de los responsables de los Presupuestos Alternativos que elaboró Ferraz en abril y en los que el actual Gobierno se está fijando para tomar sus primeras medidas en materia económica, por ejemplo a la hora de plantear subidas fiscales o una hoja de ruta social.
Esta facción del equipo económico de Sánchez llegó a intentar pactar con el PP que no se difundiera la polémica lista. Las mismas fuentes citan una reunión en el despacho del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la sede central de la calle Alcalá a la que acudió el propio Saura. Montoro había declarado en público que estaba abierto a publicar los nombres de los amnistiados, pero el socialista le transmitió, en nombre de una parte del partido, que se oponía y que apostaba por seguir manteniendo las identidades en secreto.
Con la decisión de Montero se pone fin a un periodo de incertidumbre entre los responsables de asuntos económicos que rodean a Sánchez. Es más, la actual ministra de Hacienda era una de las partidarias de difundir los nombres de los amnistiados por su predecesor en el cargo. En su etapa como consejera de la Junta de Andalucía, Montero habló de la amnistía fiscal del PP como una decisión para "que los ricos tengan todas las herramientas para llevarse el dinero fuera, que no se les castigue y que tengan que tributar menos". Ahora, tras consultar con los servicios jurídicos de Hacienda, ha tenido que renunciar a sacar los colores de algunos de los 30.000 beneficiarios.
En el PP, por su parte, también había partidarios de dar a conocer los nombres de los amnistiados y otros que no. Entre los favorables a hacerlos públicos se encontraba el propio Cristóbal Montoro, que ya en los últimos momentos de su mandato se mostró favorable a publicitar un listado que hubiera provocado un terremoto político.
Hacienda conoce las 30.000 identidades
En los archivos del Ministerio de Hacienda hay constancia fehaciente de quiénes fueron las 30.000 personas que pudieron regularizar en 2012 los bienes y propiedades que tenían ocultas al Fisco en el extranjero. De hecho, en alguna ocasión se ha filtrado el nombre de algunos de ellos, y se han desmentido otras identidades.
Asimismo, en noviembre de 2016, la Agencia Tributaria envío a cada uno de ellos una carta personalizada en la que se les explicaba que el Congreso de los Diputados había aprobado una Proposición No de Ley (de Ciudadanos) en la que se instaba al Gobierno a "realizar con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria". El departamento de Montoro les informaba de que la Agencia Tributaria estaba realizando "un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes presentadores del modelo 750 para garantizar que dichos contribuyentes han realizado una regularización completa de toda su situación tributaria".
Más tarde, hace ahora un año, se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la amnistía fiscal del PP al considerar que el Gobierno favoreció "la conducta de quienes incumplieron su deber de tributar". Esa decisión del alto tribunal provocó que el Congreso reprobara al ministro Montoro, pero los evasores respiraron tranquilos ya que en el mismo fallo se recogía que las declaraciones tributarias no podían ser revisadas. Ese día Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo popular debía "asumir responsabilidades".
Ahora, el Gobierno socialista ha abierto la puerta a publicar los nombres solo de futuros beneficiarios de hipotéticas amnistías fiscales, pero no a hacerlo con carácter retroactivo. En definitiva, PSOE, PP y amnistiados respiran tranquilos.
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