El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para facilitar el paso de miles de abogados y procuradores de las mutualidades al sistema público de cotización. Fuentes de la cartera que dirige Elma Saiz han hecho públicas este viernes las líneas de la pasarela que canalizará el paso de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a través del rescate de las aportaciones hechas durante sus carreras profesionales que pasarán a ser canjeadas por años cotizados al sistema público con la base mínima.
La socialista ya había anunciado hace poco más de un mes en el Senado que estaban desarrollando un modelo para que todos los que se hubieran integrado en el modelo de las mutualidades antes de 1996 -cuando se les dio la opción de pasar al RETA- pero en el nuevo borrador extienden el marco hasta 2005, ya que fue en este año cuando se produjo el cambio del sistema de capitalización colectiva a uno individual, lo que ha influido significativamente en la pensión que perciben estos profesionales una vez ponen fin a su carrera profesional. En el texto no se señala un año concreto, dado que se regularán en general las mutuas gremiales, pero esta es la mayoritaria.
En los años noventa, la mayoría de los autónomos de este ramo decidieron quedarse en el sistema anterior, convencidos de que percibirían mayores pensiones a futuro, pero después el cambio del sistema de capitalización les ha llevado a retirarse con pensiones inferiores a los 500 euros y que no se revalorizan con el IPC. La regulación actual permitía que los profesionales pasasen de la mutua al sistema público del RETA, pero tenían que comenzar a cotizar 'de cero' por lo que se veían obligados a retrasar su acceso a la jubilación para llegar a una cuantía mínima.
Los dos sistemas eran compatibles desde 2004 gracias a una sentencia del Tribual Supremo, ya que con anterioridad los profesionales estaban obligados a renunciar a ese capital -que solo se podía recuperar a la hora de jubilarse-. Por tanto, el sector ha llevado a cabo intensas movilizaciones en el último año a las que el Ministerio de Seguridad Social responde ahora con un nuevo borrador en el que propone que el sistema público pase a ser obligatorio en 2027 para todos los nuevos profesionales colegiados. Es decir, elimina la opción de la cobertura alternativa con la mutualidad salvo en los casos en los que el profesional por cuenta propia tenga pluriactividad, una excepción que no incluía la primera propuesta.
El Gobierno también se propone que las aportaciones a la mutualidad alternativa se equiparen progresivamente con las cotizaciones al RETA, esto es, que en lugar de ser el 80% de la base mínima de cotización esta crezca hasta suponer el 100% con el fin de garantizar la suficiencia de las prestaciones de los mutualistas. Algo con lo que sí se habían mostrado conformes representantes del sector como la Mutualidad de la Abogacía, que por el contrario rechazan la cotización obligatoria al sistema público. El departamento de Saiz dice haber elaborado el documento tras "meses de semanas de escucha y análisis" con el objetivo de mejorar la protección de este colectivo.
"Para hacer esto posible realizaremos un cambio legislativo de la Ley General de la Seguridad Social y un posterior desarrollo reglamentario que regule condiciones y procedimiento" explicaba la ministra a inicios de marzo al comparecer a petición propia en la Cámara Alta. Por lo que el Gobierno tendrá que reunir el apoyo de la mayoría del hemiciclo para sacar adelante el primero de los cambios, aunque esto podría no ser difícil, ya que los diputados del PP también se han expresado su preocupación por la situación de este colectivo y contar con el apoyo del principal partido de la oposición aceleraría los tiempos para su aprobación en el Senado.
