La 'cruzada' fiscal contra los grandes patrimonios desplaza ahorro a Portugal

Lejos de sosegarse, la pugna fiscal entre comunidades autónomas y de estas administraciones con el Estado sigue muy activa a siete meses de las elecciones municipales y autonómicas. Madrid ha vuelto a sumarse a esta disputa al aprobar el miércoles la deflactación de la tarifa regional de IRPF. Antes vinieron Andalucía o Murcia, con el anuncio de la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en 2023, o la Comunidad Valenciana con la rebaja en renta a quienes ingresen menos de 60.000 euros al año. El Ministerio de Hacienda presentó su propia propuesta fiscal que incluía rebajas a las rentas más bajas (hasta 21.000 euros) y a las pymes con ingresos inferiores a un millón de euros, así como algunas medidas especificas destinadas a los grandes contribuyentes.

Medidas, como el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas -que se aplicará únicamente en 2023 y 2024 y gravará entre el 1,7% y el 3,5% a contribuyentes con una riqueza neta superior a 3 millones de euros-, como la limitación al 50% en la compensación de pérdidas de las filiales de grupos consolidados en Sociedades; como el incremento de un punto, hasta el 27%, de la tributación de las rentas del capital superiores a 200.000 euros y el de dos puntos, hasta el 28%, para las plusvalías superiores a los 300.000 euros.

Hay abogados y asesores fiscales que han advertido de que estas medidas pueden provocar una salida de capitales a países como Portugal, con una tributación más ventajosa para las grandes fortunas, y ese temor ha ido ganando fuerza en las últimas semanas. "Si se penaliza el ahorro y se produce deslocalización de personas y capitales a otras jurisdicciones, estaremos comprometiendo y condicionando la productividad y el crecimiento a largo plazo de la economía española", apuntaba Gregorio Izquierdo, director General del Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el marco de unas jornadas organizadas por Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. 

¿Por qué Portugal?

¿Por qué Portugal? Su régimen fiscal a los Residentes No Habituales (RNH) aplica en la práctica una tarifa plana del 20% en la tributación para la rentas que se hayan obtenido en el país y la exención de los ingresos y pensiones que se perciban en el extranjero. Ha venido ejerciendo de reclamo y, ahora, podría serlo aún más. El economista y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez, recordaba en las mismas jornadas que la española es una economía pequeña y extremadamente abierta y competitiva, es decir, muy afectada por las condiciones competitivas y financieras con el exterior (dado que su deuda externa es todavía elevada-.

Explica Díez que los países que han eliminado la tributación sobre el capital, como Irlanda, han visto cómo su Producto Nacional Bruto (eliminando del cómputo el efecto de los dividendos de las multinacionales, que no quedan en su territorio) ha crecido los últimos años "significativamente más" que el de España. También ha destacado el caso portugués que, con un gobierno de izquierdas, "lo está haciendo muy bien siguiendo el modelo irlandés" y desde el año 2015 ha venido superando a nuestro país en un buen número de indicadores económicos. Atrás quedan los años del rescate y de la 'troika' y el Gobierno de António Costa calcula que cerrará el año que viene con un déficit del 0,9% y una deuda pública de 110,8% del PIB, frente al 2,9 y al 112,4% que el Ejecutivo español prevé para esos mismos conceptos.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo suya recientemente la advertencia de la posible fuga de capitales a tierras lusas hace solo unos días. "En Portugal no hay impuesto de Sucesiones, Donaciones ni Patrimonio. Cuando mandamos un mensaje de que paguen los que antes no pagaban, estamos empujando las inversiones a otro lado", advertía, e incidía además en que desde Badajoz o Vigo hay poca distancia, "y ya algunos proveedores de Inditex o de Stellantis se han ido a Portugal". Es, de hecho, un argumento que el PP ha venido enarbolando casi de forma sistemática ante cada posible alza fiscal que se intuía en el horizonte. 

De acuerdo con las conclusiones que publicaba recientemente el informe 'Taxation trends in the European Union', elaborado por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, en el año 2020 España se situaba como el octavo país de entre los Veintisiete con una fiscalidad más elevada para las rentas del capital (ya sean dividendos, participaciones en beneficios de cualquier entidad, depósitos, acciones, fondos de inversión...). Fiscalidad que ahora se ve incrementada con las nuevas medidas.