Hacienda aparca la nueva financiación tras el pago récord a las CCAA en 2023

Los Presupuestos Generales Estado (PGE) del año que viene contemplan la mayor transferencia de recursos a las comunidades autónomas hasta la fecha, con un incremento de la cuantía en relación a las cuentas anteriores como no se había dado nunca antes. Los gobiernos autonómicos percibirán 135.273 millones de euros para poder ejecutar sus principales políticas de gasto, 26.000 millones más que los que les han correspondido este año. En un contexto enturbiado por la 'batalla' de anuncios de rebajas fiscales -con sus correspondientes réplicas y contrarréplicas a nivel estatal o autonómico- el pago récord previsto para el próximo ejercicio aleja aún más la reforma del actual modelo de financiación autonómica, al dotar a los territorios de de oxígeno extra.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este diario reconocen que no hay fecha prevista para presentar a las autonomías la nueva propuesta de criterio de población ajustada que María Jesús Montero pretendía, en principio, hacerles llegar antes de final de año. Era la idea de la responsable del Departamento, pero ya no se descarta nada. Las mismas fuentes se muestran pesimistas en relación a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda sacar adelante la reforma del actual modelo, pendiente desde 2014, ante el clima de competencia y crispación generado por los sucesivos anuncios de medidas en el ámbito tributario, que tienen a los territorios enfrentados entre sí al margen de colores políticos.

Una revisión del criterio de población ajustada

El 3 de diciembre del año pasado Montero ya propuso una revisión de ese criterio con la que se elevaba el peso del gasto en Sanidad y en Educación. Los consejeros del ramo tenían hasta el 31 de enero de este año para hacer sus alegaciones a la misma. Desde entonces, no ha habido ninguna interlocución entre las partes relacionada en particular con la reforma del sistema, tal y como confirman a 'La Información' fuentes próximas al gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí que ha habido diálogo con ellas para informarles de cómo avanzaban sus entregas a cuenta pero no específicamente para abordar la reforma del modelo, puntualizan desde el Ministerio.

A lo largo de estos meses, la coyuntura se ha complicado con las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis autonómica, sobre todo por el acelerón que han registrado los precios -la tasa anual de inflación marcó máximos en julio en el 10,8%-, pero también por la crisis en el PP de comienzos de año, que se saldó con la dimisión, entre otros, del que fuera su líder, Pablo Casado. La cercanía de las elecciones generales, autonómicas y municipales del año que viene ha contribuido, más si cabe, a enturbiar el ambiente y ha alejado el debate sobre la financiación. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó recientemente al PP de bloquear la reforma del actual modelo, aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En esta última los dos principales partidos habrían avanzado los últimos días, tras la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, anunciada a comienzos de esta misma semana. 

Economistas consultados temen que los gobiernos autonómicos aprovechen la cita para disparar su gasto en un momento en que la economía va a empezar a resentirse por los efectos de la incertidumbre, como pusieron en evidencia el pasado martes las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebaja al 1,2% su cálculo de PIB para nuestro país. Una fuerte revisión, si bien España crecerá más que el resto de grandes economías europeas, con Alemania e Italia en recesión. 

Bruselas mantiene suspendidas sus reglas fiscales hasta 2024 (la obligatoriedad de que los estados se ciñan a los objetivos de déficit y deuda) pero el Gobierno Central mantiene el compromiso de que España seguirá teniendo muy presentes estos objetivos en sus decisiones económicas. La mejora de la recaudación fiscal por la inflación ha mitigado, de momento, el desfase entre los ingresos y gastos de las administraciones públicas. 

El déficit cerró julio en 24.412 millones de euros, un 58,1% menos que en el mismo periodo de 2021 y equivalente al 1,87% del PIB. De acuerdo con el último informe de ejecución presupuestaria publicado por Hacienda, la corrección del desajuste fue posible porque el aumento de los gastos, del 1%, fue muy inferior al de los ingresos, que se dispararon un 14%. En el caso de las autonomías, sus cuentas pasaron de registrar superávit en 2021 a cerrar el pasado mes de julio con un déficit de 4.289 millones, un 0,33% del PIB.