Un "impuesto afectado". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sorprendió con este término a los periodistas que atendían la rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el Congreso de los Diputados este jueves. Se refería al prebautizado como 'Impuesto de Solidaridad' que gravará a partir del próximo año a las grandes fortunas. La ingeniera jefa de las cuentas públicas reveló que la intención del Gobierno es destinar toda la recaudación del impuesto a los ricos a financiar las medidas que se prorroguen del decreto anticrisis.
Pero la ley, en términos generales, impide afectar impuestos, por lo que el Ministerio ha activado toda la maquinaria jurídica para conseguir dar con un encaje legal adecuado que permita acotar la recaudación del nuevo tributo. En concreto, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en el apartado 3 de su artículo 27 que "los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados".
El ordenamiento tributario español prevé algunos supuestos que exceptúan la regla general de no afectación de ingresos tributarios a gastos públicos. Por ejemplo, la contribución especial que, por su propia naturaleza, es un tributo afectado (su recaudación va directamente a financiar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio), tal y como establece el artículo 29.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. También las tasas, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. O los impuestos medioambientales que, en la mayoría de los casos, están afectos a un gasto determinado.
Con caramelos Ricola y pastillas Juanola, la ministra Montero trató de explicar a los periodistas: "Cuando tú afectas un impuesto, tú dices: si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas, no te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlos. Y como no tienes dónde gastarlos, te descuadra ingresos y gastos". Con este rudimentario e improvisado ejemplo, la titular de Hacienda trató de explicar que lo que se recaude por el Impuesto de Solidaridad se destinará exclusivamente a financiar las medidas del decreto para paliar el impacto de la guerra.
Pero fuentes jurídicas ponen en duda la viabilidad de esa afectación. "La ley difícilmente permite afectar impuestos, de modo que lo que está planteando el Gobierno es casi un ejercicio de ilusión financiera", afirman. "Estamos ante un compromiso político, puramente ideológico, ya que los impuestos, según el ordenamiento jurídico español, no pueden ser finalistas, sino que la recaudación se destina a la caja única del Tesoro y después se distribuye", explican. Estas mismas fuentes recuerdan que la legislación contempla algunos supuestos para la afectación, pero consideran que en este caso son de "difícil encaje" y el Gobierno deberá articular uno nuevo, por ejemplo, aludiendo a la "extraordinaria y urgente necesidad" que genera la crisis energética, de cadena de suministro y de precios provocada por la guerra.
Desde el departamento que pilota Montero avanzan que están estudiando cómo afectar el Impuesto de Solidaridad que se va a imponer a las grandes fortunas de más de tres millones de euros y lo diferencian del gravamen a la banca y la energéticas porque este último va a nacer bajo la figura jurídica de la "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria". Pese a que en el texto de la proposición de ley el PSOE y Unidas Podemos ponen negro sobre blanco que el sector energético y el de las entidades de crédito deben contribuir a financiar las medidas anticrisis, en la práctica la recaudación por esa prestación patrimonial no se puede afectar específicamente a ese destino, cosa que sí pretenden conseguir con el impuesto a los ricos a través de la "fórmula adecuada".
El impuesto no será permanente
De hecho, en el proyecto presupuestario la recaudación prevista por el gravamen temporal a los sectores energético y bancario no aparece desglosada, ya que se incluye en el apartado de tasas y otros ingresos no tributarios. Mientras, el Impuesto de Solidaridad ni siquiera se menciona en el texto porque su tramitación es paralela a los Presupuestos. La intención del Gobierno es 'colar' el nuevo gravamen a los ricos como una enmienda a la proposición de ley que tramita el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios de las grandes energéticas y entidades financieras, para así agilizar su tramitación y asegurar su aprobación antes de que acabe el año.
Otra clave que dejó caer ayer la ministra Montero respecto al Impuesto de Solidaridad es que finalmente el Gobierno parece haber dado marcha atrás en su intención de hacerlo permanente para anular la bonificación del PP en Patrimonio y ahora contempla un gravamen temporal y específico para cubrir los gastos del decreto anticrisis. El Ejecutivo planea prorrogar a partir del 1 de enero algunas de las medidas que incluye ese decreto, aunque no será a finales de año cuando determinen cuáles se prorrogan, cuáles no y en qué condiciones. En este sentido, la propia Montero avanzó ayer que el impuesto solo estaría en vigor mientras fuera necesario para financiar estas medidas, que podrán extenderse "un trimestre, seis meses, nueve meses o un año", siendo impredecible la duración del conflicto bélico. Después se derogará.
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