La Comisión Europea ha empezado a dar pasos para apagar el incendio que recorre casi todo el campo europeo. Para ello, este miércoles ha deslizado una primera medida: la derogación durante un año de las normas de la Política Agraria Común (PAC) que obligan a los agricultores a mantener determinadas tierras en barbecho en respuesta a las preocupaciones de varios Estados miembro como Francia, de modo que podrán seguir accediendo a las ayudas. Todo ellos, azotados por las intensas protestas de los productores primarios.
Para recibir el apoyo de la Política Agraria Común (PAC) al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como 'BCAM', un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles. Estas normas exigen, entre otras cosas, dedicar una proporción mínima de tierra cultivable a áreas o características no productivas, que normalmente se refieren a zonas en barbecho, un requisito que Bruselas propone derogar para que los agricultores sigan teniendo derecho a recibir el pago directo básico de la PAC.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ha defendido que "la medida de hoy ofrece flexibilidad adicional a los agricultores en un momento en el que se enfrentan a múltiples desafíos. Seguiremos colaborando con nuestros agricultores para garantizar que la PAC logre el equilibrio adecuado entre responder a sus necesidades y seguir proporcionando bienes públicos a nuestros ciudadanos".
Pendiente del voto de los estados
En lugar de mantener la tierra en barbecho o improductiva en el 4% de sus tierras cultivables, se considerará que los agricultores de la UE con cultivos fijadores de nitrógeno (como lentejas, guisantes o habas) o cultivos intermedios en el 7% de sus tierras cultivables cumplen los requisitos. La medida será votada en los próximos días por los Estados miembro y, después de eso, la Comisión procederá a la adopción formal para que el reglamento se aplique de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2024. Los estados miembro que deseen aplicar la excepción a nivel nacional deberán notificarlo a la Comisión en un plazo de 15 días para que los agricultores puedan ser informados lo antes posible.
