Bruselas da el visto bueno a la adenda

Calviño confirma que solicitará el cuarto pago de los fondos UE próximamente

Asuntos Económicos incide en que los fondos europeos han permitido a España tener una "fuerte recuperación económica desde 2021 y resistir mejor que otros países del entorno al impacto de la guerra en Ucrania

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones
Ministerio de Asuntos Económicos

España solicitará "próximamente" el cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU por valor de 10.000 millones de euros. Así lo ha confirmado el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital una vez que la Comisión Europea ha dado el visto bueno este lunes a la adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que da acceso a los 7.700 millones de euros en transferencias adicionales a cargo de los fondos europeos Next Generation, a los 84.000 millones en préstamos y a 2.600 millones del mecanismo REPowerEU, que fue aprobado para acelerar la transición energética de la región.

La valoración positiva de la Comisión Europea permitirá poner en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación y mantener el fuerte ritmo de inversión en el periodo 2023-2026", apunta el departamento en un comunicado. La propia vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha celebrado este paso adelante que permite reforzar los proyectos puestos en marcha y culminar el "ambicioso" programa de inversiones previsto.

Los fondos europeos han permitido a España tener una "fuerte recuperación económica desde 2021, está pudiendo resistir mejor que otros países al impacto de la guerra en Ucrania y podremos culminar un programa de modernización de nuestra economía en clave verde y digital para poder tener un crecimiento más fuerte y también más sostenible en los próximos años", ha asegurado la 'número dos' del Gobierno. Su ministerio pone en valor que la Comisión Europea constate que la propuesta española constituye "una respuesta adecuada y equilibrada a la situación económica y social" y que "permite hacer frente a los nuevos desafíos" en el actual contexto internacional.

En total, el Plan de Recuperación permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros entre 2021 y 2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027. Nunca antes España había contado con tal magnitud de recursos para poder aplicar las reformas necesarias en su economía. Tanto es así que Bruselas considera que el conjunto de transferencias y préstamos "tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7% y un 3,5% de aquí a 2025".

Un nuevo calendario de desembolsos de aquí a 2026

Con la aprobación de la adenda se actualiza el calendario de desembolsos, que incluye transferencias adicionales y préstamos, así como los hitos y objetivos asociados, para poder mantener el ritmo de inversión en los próximos años. Así, España podrá recibir siete próximos desembolsos y una prefinanciación de unos 1.400 millones de euros asociada al capítulo REPowerEU. En ese sentido, podría recibir entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026. "Con el fin de aprovechar al máximo el potencial transformador de la adenda se iniciará de inmediato el diseño y puesta en marcha de los instrumentos para la gestión de los nuevos fondos", apunta el ministerio.

En línea con lo previsto en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la adenda modifica el calendario y la definición de algunos hitos para asegurar el aprovechamiento de todos los fondos Next Generation. De este modo se podrán incorporar cambios objetivos en las circunstancias económicas, como el impacto de los precios internacionales de energía y materias primas sobre los costes productivos, y ampliar algunos plazos para ajustarlos a los tiempos que requiere el cumplimiento de requisitos de la contratación pública, dando así respuesta a las peticiones que habían hecho las autonomías.

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