El Gobierno ha vuelto este martes a abrir el grifo de la financiación respaldada por el aval del Estado en un intento más por reactivar el flujo de crédito en dirección al tejido empresarial de menor tamaño del país. Los 20.000 millones de euros extra para el segmento de pymes y autónomos habilitados por el Consejo de Ministros elevan a 60.000 millones la financiación reservada en exclusiva desde el ICO para este segmento, pese a que según el último balance oficial difundido desde el Ministerio de Economía el aprovechamiento de estas líneas se situaba solo ligeramente por encima del 75% respecto a los recursos disponibles.
El Ejecutivo está poniendo toda la carne en el asador para que pequeñas y medianas y empresas y autónomos tiren de esta financiación que en ese segmento cuenta con un 80% de aval del Estado tanto para la nueva financiación como para las refinanciaciones, en un intento de facilitar al máximo el acceso al crédito de este sector del tejido empresarial, pero los datos que proporciona regularmente el Ministerio de Economía desvelan que su peso en la financiación total va decayendo poco a poco.
Si al principio el peso de las empresas de gran tamaño en el volumen total de financiación avalada por el Estado rondaba el 25%, en el último balance difundido por el Ministerio de Economía éste se situaba ya cerca del 33%, pese a que el 98% de las operaciones se formalizan con pymes. La financiación que se solicita a las entidades bancarias con aval estatal se ha deslizado hacia el microcrédito en este periodo a juzgar por la caída de la cuantía media prestada por las entidades, que ha pasado de los cerca de 133.000 euros en el primer tramo a 128.000 euros en el último balance oficial del Ministerio.
El deslizamiento también se aprecia en la cuantía media avalada. El esquema creado por el Gobierno da cobertura en un 80% a la financiación recibida por pymes y autónomos, y en un 70% a la nueva financiación solicitada por empresas que facturen más de seis millones de euros y de un 60% en el caso de las refinanciaciones. Pues bien, la cobertura media por parte del Estado de la financiacion canalizada hacia el tejido empresarial ha caído desde el 77% de la primera línea ICO al 75%, lo que revela un mayor peso de instrumentos con menor aval del Estado, es decir, de los destinados a las grandes empresas.
Todo ello sucede en un contexto en el que pymes y autónomos se han quejado del rechazo de sus solicitudes de financiación por parte de la banca y en el que los socios de Gobierno del PSOE también han deslizado que quizá las entidades estén priorizando la financiación de grandes empresas por delante de la de pymes. Una polémica en la que terció esta semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recordando que el aval estatal no es óbice para que las entidades financieras continúen observando los criterios de evaluación de riesgos a la hora de conceder financiación y rechazando las operaciones que estimen encierran un riesgo inasumible.
Con todo, la ministra portavoz María Jesús Montero ha querido poner de manifiesto que 60.000 de los 84.000 millones de euros puestos sobre la mesa ya por el Ejecutivo para canalizar liquidez al tejido productivo en un momento de especial dificultad, por el cierre obligatorio de los negocios a consecuencia de las medidas preventivas decretadas por las autoridades sanitarias, se ha reservado a pymes.
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